La IP se cura en salud ante el T-MEC

La IP se cura en salud ante el T-MEC

Foto: Internet

 

Hay dos refranes muy conocidos en México. Uno es “curarse en salud”, locución que se emplea para expresar que es mejor prevenir un mal antes de que ocurra; y el otro es “explicación no pedida, acusación manifiesta” que `proviene del latín (excusatio non petita pecata manifesta), que más o menos quiere decir “quien se excusa, se acusa”.

Pues la iniciativa privada mexicana recurrió a estos dos refranes la semana pasada, con motivo de la entrada en vigor del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Concretamente, el Consejo Coordinador Empresarial, en pleno y ahora asesorado por el exsecretario de Comercio, Herminio Blanco, en eventos virtuales, previó que pueden venir demandas por parte de Estados Unidos, al incumplirse (en México) la normatividad laboral.

Textualmente dijo el presidente del CCE, Carlos Salazar: “hay algunas empresas identificadas que probablemente van a ser demandadas por Estados Unidos y nuestro trabajo es preverlo y que cuando esa demanda exista nosotros podamos resolverlo”.

Por eso explicó que el sector privado formó mesas de trabajo con la Secretaría de Economía y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para identificar los problemas que podrían enfrentar las empresas mexicanas en el renglón laboral bajo las nuevas reglas del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Lamentablemente, durante tres décadas el sector empresarial mexicano aprovechó la laxitud de las leyes internas para poder sobreexplotar a los trabajadores mexicanos y obtener, con ello, una ventaja competitiva basada sobre todo en los bajos salarios y en normas que permitían proteger a las empresas por sobre los derechos de los trabajadores.

Ahora la situación ha cambiado, por la IV Transformación y el T-MEC, y el propio Consejo Coordinador Empresarial enumeró tres grandes rubros que podrían representar problemas: la libre elección de sus representantes sindicales; la existencia del trabajo forzado y la ignominia del trabajo infantil.

Desde luego que el presidente del CCE intentó exculparse del cumplimiento de las nuevas normas laborales aduciendo que “hay más casos que demandar desde México hacia EU que lo que ellos probablemente nos demanden”. De alguna manera puede ser cierto, pero las condiciones de los trabajadores estadounidenses y canadienses son definitivamente bastante mejores que las de los mexicanos.

Libertad sindical

En el primer rubro mencionado por el CCE y sus asesores, hasta antes de la nueva reforma laboral, oficialmente se mencionaba la existencia de mil 721 agrupaciones sindicales registradas, cifra superior a las 1,165 que existían 10 años antes y que agrupaban a un millón 393 mil trabajadores, de acuerdo con una investigación propia realizada en 2018.

De hecho, el 20 de noviembre 20 de noviembre de 2017, el director general de Registro de Asociaciones de la STPS, Julio César Vanegas Guzmán, explicaba que de las 3 mil 347 agrupaciones de trabajadores que tenía registradas la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en el ámbito federal, 47 son confederaciones o centrales obreras; 532 federaciones y dos mil 768 organizaciones sindicales, que concentran a más de un millón 904 mil trabajadores.

De esa cantidad, explicaba, 775 están aglutinados en la Confederación de Trabajadores de México (CTM); 412, en la Confederación Revolucionaria de Obreros y campesinos (CROC); y 352 en la Confederación Regional Obrero Mexicana (CROM), todas ellas afiliadas al Partido Revolucionario Institucional (PRI). Y había mil 245 sindicatos independientes.

En ese momento (según una investigación propia publicada en Mundo Ejecutivo) había “más de 12 mil contratos falsos de los cuales los trabajadores ignoran su contenido, muchas veces ni saben que existen porque son firmados por “sindicatos inexistentes”. En este sentido, el investigador Alfonso Bouzas, de la Universidad Autónoma Nacional Autónoma de México, calcula que 90% por cientode los contratos laborales en el país son de protección”.

¿Cuál es la realidad hoy? Si se accede al sitio de la Secretaría del Trabajo al área de sindicatos registrados, resulta que hay exactamente siete mil 466 resultados en 299 páginas. Sin embargo, la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde (quien anunció, el seis de abril, una prórroga, por el Coronavirus, para que las empresas y sus sindicatos se pusieran al corriente), señalaba hace unos meses que “a un año de la reforma laboral más del 85 por ciento de los sindicatos han registrado el voto libre y secreto para elegir sus líderes y más de 71 mil trabajadores han constatado para ver si están de acuerdo con sus contratos”.

Lamentablemente, entre la prórroga, la desidia de millones de trabajadores, las presiones empresariales, el nacimiento de dos nuevas centrales obreras (la de Pedro Haces y la de Napoleón Gómez Urrutia) y el desconocimiento de las nuevas leyes, es difícil, por el momento saber cuántos trabajadores sindicalizados existen y si ellos realmente eligieron a sus representantes.

3.2 millones de niños trabajadores

Otro de los puntos que mencionaba el presidente del CCE es el del trabajo infantil. En 2017, de acuerdo con los datos del Módulo de Trabajo Infantil (MTI) elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la población infantil de 5 a 17 años ascendió a 29.3 millones de personas, de las cuales 3.2 millones realizaron trabajo infantil, cifra equivalente al 11 por ciento en ese rango de edad.

Lamentablemente, los datos de este módulo bianual,  fueron levantados a finales de 2019 y todavía se requerirá algo de tiempo (más aún por los problemas relacionados por el Coronavirus) para conocer sus resultados.

Pero en 2017 el INEGI identificó que el trabajo infantil había descendido de 12.2 a 11 por ciento y que  el 0.7 por se encontraba tanto en ocupación no permitida como en trabajo doméstico en condiciones no adecuadas.

Incluso, la Comisión Económica para América Latina daba una cifra diferente, al señalar que México es el segundo país de América Latina y el Caribe con mayor prevalencia de trabajo infantil. Un total de 2 millones 217 mil 648 niños, niñas y adolescentes mexicanos trabajan, lo que equivale a 7.5 por ciento de la población infantil del país.

Quizá el caso más grave es el de los niños que participan como jornaleros agrícolas (algunos estudios indican que son más de tres millones de menores) y que según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 44.9 por ciento de las familias jornaleras en las que está presente el trabajo infantil son indígenas.

Esclavitud laboral

El tercer punto mencionado por el CCE es el del trabajo forzado (o la nueva esclavitud, como le llaman algunos investigadores). En este caso la situación es aún más difícil de cuantificar, porque existen demandas (más aún con el Coronavirus) de empresas maquiladoras que obligan a sus empleados a laborar, incluso casi encadenándolos. También se han presentado algunos casos en la industria automotriz, precisamente en el estado de Guanajuato.

Las estadísticas indican que en América Latina el trabajo forzado tiene una prevalencia de 3.1 por cada mil habitantes o de 0.31 por ciento. Esto, para México, significaría 379 mil 047 trabajadores bajo un régimen de trabajo forzoso.

La cifra coincide con el Global Slavery Index, que estima en 376 mil 800 el número de personas  sometidas a alguna forma de  esclavitud moderna en México, sin incluir la explotación sexual. Este indicador coloca a nuestro país en el primer lugar en trabajo forzado en el continente americano.

Sin embargo, si se incluye la llamada trata de personas, la cifra se podría elevar a cinco por cada mil habitantes ó 0.5 por ciento, de acuerdo con los estudios de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y  Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas.

Lamentablemente durante más de tres décadas, los empresarios se acostumbraron a la laxitud de las leyes (elaboradas a su favor) y a la venia del gobierno federal para poder lograr que la sobreexplotación de la mano de obra mexicana fuera la ventaja competitiva de nuestro país con sus socios comerciales.

Hoy, aunque me llamen apátrida (curándome en salud), considero una ventaja que los dos socios comerciales del T-MEC puedan ayudar, junto con las autoridades mexicanas del cambio, a los trabajadores mexicanos que durante años fueron sobreexplotados o limitados, por un mercado laboral que en poco o nada ayudaba al verdadero desarrollo el país. Aunque los empresarios estén en contra. Dice el filósofo del metro: Ya no hay excusa, al que abusa se le acusa.

Tianguis

Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), previó hace unos días que en México podrían cerrar 500 mil empresas formales por la crisis del coronavirus. La economista, a diferencia de otros mexicanos que están en organismos multilaterales, es bastante afín a la IV Transformación y la cifra es similar a las 600 mil que pronosticaba hace unos días BBVA Bancomer. Para ponerla en su contexto, en México hay 6.3 millones de establecimiento según el INEGI, solo 600 mil empresas están afiliadas alguna cámara empresarial, existen un millón 800 mil patrones registrados en el IMSS y se tienen registrados dos millones 143 mil 999 contribuyentes, como personas morales o físicas con actividad empresarial, según el SAT. Si estas 500 mil se comparan con las registradas ante el SIEM sería una catástrofe, pero si se comparan con las censadas por el INEGI, se trata únicamente del 10 por ciento... La industria minera recibió con aplausos la propuesta de la Comisión de Minería y Desarrollo Regional del Senado de la República para crear una Secretaría de Minería. De hecho ya se presentó un punto de acuerdo en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para pedir al Gobierno Federal la viabilidad de esta dependencia. El presidente de la Comisión, Miguel Ángel Lucero Olivas solicitó a la Secretaría de Economía un informe sobre el impacto a nivel internacional del trabajo de la subsecretaría de Minería para fundamentar más la propuesta. Hay que recordar que en otro momento, con José López Portillo existió la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal (SEMIP) que terminó por convertirse en Secretaría de Energía (a secas) y la industria paraestatal acabó prácticamente extinguiéndose. En fin se trata de una propuesta que es difícil que prospere en estos momentos de austeridad por el Coronavirus... Ya salió la revista “Así es esto del abarrote”, en la cual se incluye un reportaje mío sobre el municipio menos poblado del país, Santa Magdalena Jicotlán, en Oaxaca, que tiene, según el Conteo de Población 2015 solo 87 habitantes, pero cuenta con tres tiendas de surtidas por el canal de la Asociación Nacional de Abarroteros Mayoristas. Un párrafo del reportaje: “Quizá por el escaso número de habitantes, Jicotlán es tan poco estudiado que hasta el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval) se equivoca. En su monografía sobre el municipio indica que en 2010 tenía 93 habitantes (cinco años después bajó a 87), pero textualmente señala: “En 2010, 99 individuos (64.2% del total de la población) se encontraban en pobreza, de los cuales 86 (56%) presentaban pobreza moderada y 13 (8.1%) estaban en pobreza extrema”. Es decir que tenía más pobres que habitantes”... Joely Villalobos, titular de Líneas Financieras y CyberEdge de AIG México, dijo que siete de cada 10 de pequeñas y medianas empresas en México carece de una estrategia de ciberseguridad y que instituciones de gobierno y compañías de gran tamaño también son víctimas recurrentes de ciberataques. Algo interesante señalado por este especialista es que “trabajar desde casa o vía remota no invalida la póliza de seguro, que se ha convertido en un servicio integral, más que en una póliza tradicional de riesgo. El seguro contra ciberataques CyberEdge de AIG Seguros México ofrece a empresas de cualquier tamaño un panel de expertos para protegerlas ante un ciberataque”...  TallentiaMX, que encabeza Elías Micha, consideró que con el T-MEC llegó el momento de combatir los rezagos que hemos padecido y de hacer efectivos los cambios que el país requiere. Explicó que es un tratado no solamente económico, sino ambiental y, sobre todo, laboral, en el cual también se están poniendo en marcha muchas leyes complementarias necesarias para cumplir con los requerimientos del pacto de América del Norte y se habrán de instrumentar los páneles laborales tripartitos para la resolución de conflictos. Como declaró Luisa María Alcalde, titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, México debe respetar la nueva normatividad para proteger a sus trabajadores, evitar posibles sanciones y no desincentivar la inversión.

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