A cuatro años del “Gran Despojo” en Tulum

A cuatro años del “Gran Despojo” en Tulum

Foto: Internet

 

El próximo martes se cumplirán cuatro años de que se realizó uno de los episodios más negros en la historia de Quintana Roo, desde que hace 50 años fue descubierto Cancún y se diera el banderazo de salida para gestarse el paraíso turístico que es hoy en día.

El 16 de junio de 2016, paramilitares -apoyados por la policía estatal quintanarroense y elementos de seguridad del municipio- desalojaron y despojaron de sus propiedades a 17 hoteleros de la zona de Punta Piedra, en Tulum. En el suceso también fueron afectados ejidatarios, vecinos y restauranteros.

De acuerdo con algunos de los testimonios de los afectados, la operación, ordenada por el gobernador quintanarroense de ese entonces, Roberto Borge, se debió a que el mandatario estatal, coludido con el poder judicial, “vendió” esos predios.

En una entrevista con El Universal, una hotelera afectada dijo en ese momento: “Sabemos muy bien que debajo de todo esto es una venta que el gobernador hizo de varios predios de la playa y ahora, antes de irse, no quiere perder el dinero que le dieron por esta playa. Son papeles falsos”.

El asunto adquirió cariz internacional, pues varios de los despojados eran extranjeros (portugueses, españoles, argentinos, estadounidenses y franceses). Algunas embajadas externaron su descontento. Incluso, ante la cerrazón del juez Ricardo Ruiz de Hoyo Chávez, el caso motivó una demanda contra el gobierno mexicano en la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional.

Fuera de la violencia con que se realizó, el desalojo -conocido como “el mayor despojo en la historia de Tulum”-, en donde incluso hubo disparos (según algunos medios locales) por parte de golpeadores profesionales similares a paramilitares, el asunto ha dejado pérdidas por más de 300 millones de dólares.

De acuerdo con el periodista Pedro Canché (cuya detención y encarcelamiento poco antes de los hechos de Tulum ha merecido la atención de organismos globales de derechos humanos como Amnistía Internacional), Punta Piedra ha sido objeto de numerosas expropiaciones ilegales, en las cuales están involucrados dos empresarios de Monterrey y se han afectado ahí a ejidatarios y a más de 40 hoteleros.

Pero concretamente en los hechos del 16 de junio de 2016, los propietarios se han enfrentado a enredados procesos legales y, sobre todo, han tenido que topar con pared ante la cerrazón del juez federal, Ricardo Ruiz del Hoyo Chávez.

Sin embargo tienen tres velas prendidas para que se les haga justicia. Una, que -de acuerdo con un reportaje de Forbes México- “la toma de decisión descansa nuevamente en los magistrados Patricia Elías Cerros Domínguez, María Adriana Barrera Barranco y José Luis Zayas Roldán”, por lo que esperan un fallo favorable para que se complete la ejecutoria que le permita la reposesión de su propiedad.

Otra, que desde el punto de vista político, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador fue enterado del asunto, prometió investigar más el caso y dijo que esperaba que se hiciera justicia y que si hay corrupción se persiga y se castigue.

La tercera vela es que el expediente del caso se encuentra en el escritorio del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar, quien ha mostrado interés en que el máximo tribunal de la nación sirva, ahora sí, para evitar injusticias.

El juez, Succar, Borge y la guardería ABC

Desde que se conoció el caso, en 2016, varios medios y organismos le han dado seguimiento. Incluso investigaciones de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad revelaron que una red de funcionarios de la administración de Roberto Borge operaba esta modalidad de despojos contra empresas y particulares a través de juicios laborales a modo.

También, la revista Expansión (al dar a conocer que dos de los hoteles despojados habían sido devueltos a sus propietarios, en 2017: Hotel Playa Azul, propiedad de Joel Tovar Arcos y las Cabañas Puerta del Cielo, de Pedro Hernández Ramírez) mencionaba el siguiente párrafo: “En cada uno de los casos el “modus operandi” era el mismo: supuestos empleados iniciaban una demanda laboral, la cual nunca era notificada a los dueños o se simulaba su notificación por lo que éstos no podían defenderse, en algunos casos se enteraban del juicio laboral hasta que les embargaban propiedades o dinero de sus cuentas bancarias para cubrir los laudos”.

Los propietarios a los que no se les han restituido sus propiedades acusan directamente al juez Ruiz del Hoyo. En una investigación sumaria encontré que este “impartidor de justicia” ha tenido varios casos que pueden resultar interesantes,

Este mismo juzgador fue quien hace un año (en junio de 2019) otorgó un amparo a quien ha sido señalado como uno de los mayores pederastas de la historia mexicana, Jean Thouma Hanna Succar Kuri, mejor conocido como Succar Kuri, para que el libanés dejara el penal federal del Altiplano y fuera trasladado nada menos que a Cancún.

Otro de sus casos controvertidos es que se negó a expedir órdenes de aprehensión en el caso del incendio de la Guardería ABC de Sonora, cuando era juez federal en ese estado, antes de ser trasladado a Quintana Roo.

Con ese juez, es con quien han tenido que enfrentarse los afectados por “el mayor desalojo en la historia de Tulum”. Por eso ya se han iniciado varias demandas en su contra.

Algo interesante es que una de las propiedades que se salvó del despojo del 16 de junio de 2016 fue el Hotel Ahau, del empresario y actor Roberto Palazuelos, quien además fungía como presidente de la Asociación de Hoteles de Tulum. 

En un audio que difundió el periodista Pedro Canché casi inmediatamente después del desalojo, se escucha al actor también conocido como el ‘Diamante Negro’, amenazar a quienes realizaban los desalojos. Su inmueble fue intocable.

Pescadores: los otros afectados

Precisamente en el sitio de internet de Pedro Canché, puede encontrarse una nota, fechada el 25 de agosto de 2016 y firmada por Enrique Huerta, en la que se lee que “pequeños hoteleros y propietarios de casas exigieron la intervención tanto de las autoridades federales como del gobernador electo de Quintana Roo, Carlos Joaquín, para frenar estos desalojos violentos de propiedades”.

Ahí se reproduce una entrevista con Fernando Dávila Nelson, fundador de la Cooperativa de Pescadores de Tulum,  quien no olvida ese violento desalojo: “Fui lanzado por delincuentes que amañadamente vinieron a interponer un juicio fraudulento para sacarnos de nuestras propiedades, y apelo al estado de justicia y a las instituciones mexicanas para que se me respete el derecho que tengo a ser vencido en juicio y a ser oído en juicio”.

Los casos como el de Dávila Nelson y de cada uno de los 17 hoteleros despojados mantienen expedientes separados. Sin embargo todos exigen justicia y todos (o casi todos) culpan directamente al exgobernador Roberto Borge (quien fue detenido en Panamá, precisamente un año después del desalojo) y al juez Ruiz del Hoyo.

Concretamente en el escritorio de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal, se encuentra una demanda en contra de ese juez, quien además negó órdenes de aprehensión por el caso de la guardería ABC y apoyó al acusado por pornografía infantil Succar Kuri.

Ahora, los hoteleros, quienes cuentan con toda la documentación para avalar sus propiedades, esperan que los magistrados dictaminen favorablemente a ellos, pues existen suficientes pruebas de que detrás de todo estuvo una manipulación legal presumiblemente urdida por el exgobernador Borge.

También confían en que, como lo dijo el presidente López Obrador en una mañanera, se haga justicia y se castigue la corrupción. Dice el filósofo del metro: la sevicia nunca puede ser mayor que la justicia.

Tianguis

Grave, pero la gente no entiende. Este jueves tuve que ir al supermercado y vi, en la zona Polanco, un día como cualquier otro antes de que se iniciara el Confinamiento. Mucha gente en las calles. Incluso me sorprendió que para salir de Superama, por primera vez en meses, tuve que esperar en el estacionamiento porque había tanto automóvil que me era imposible incorporarme al tránsito vehicular. Además de la gente en las calles me quedé asombrado de la proliferación de indigentes. En tres cuadras vi cinco personas pidiendo limosna. Así va a ser difícil superar el Coronavirus, a pesar de los esfuerzos de las autoridades.Lamentablemente, la planeación, sin la colaboración de la población, nos podrá llevar al panteón… La propuesta del presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal, para modificar el artículo 28 constitucional y crear un súper organismo regulador que absorbería a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) y a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), entre otros reguladores sectoriales, debe discutirse con la cabeza fría y con el pensamiento abierto. Personalmente creo que la Cofece, como organismo antimonopolios sí tiene una función muy concreta para investigar y actuar en cualquier sector, incluyendo el energético y el de telecomunicaciones. En cuanto al Ifetel y la CRE ¿qué pasaría si sus funciones pasaran directamente a las secretarias del ramo? ¿Por qué existen tantas comisiones cuando el papel rector y, en ocasiones operador, es de las secretarías? En fin creo que, por lo menos, el debate vale la pena para opinar sin prejuicios ni fanatismos… Retomando el tema turístico, la Confederación Patronal de la República Mexicana Ciudad de México, hizo un llamado a la Jefa de Gobierno de la capital del país, Claudia Sheinbaum, para que reconsidere la decisión sobre la disposición de los 170 millones de pesos correspondientes al Fondo de Promoción Turística local. Según ese organismo privado, esta medida repercutirá en la generación de empleos, en la derrama económica que genera esta actividad en la ciudad de México, que en 2019 fue de alrededor de 117 mil millones de pesos… Una buena noticia turística es que en pleno Confinavirus este 10 de junio inició operaciones el hotel Avid An IHG Hotel, en Fresnillo. 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