​Seguridad en vilo

​Seguridad en vilo

Foto: Internet

06-08-2018

La nueva administración en México ha propuesto seis líneas generales para enarbolar una nueva política de seguridad. Uno, propone una política en materia de legalización y descriminalización de las drogas. Dos, ofrece una amnistía para quienes se dedican a actividades delictivas. Tres, poner fin a la corrupción generalizada. Cuatro, nombrar un fiscal general independiente. Cinco, reducirá progresivamente la intervención militar en el combate al crimen organizado. Y seis, presupuestará un programa de becas para jóvenes para desincentivar su incorporación al crimen organizado.

Administrativamente creará la Secretaría de Seguridad Pública, originalmente creada por Fox y que mantuvo Calderón durante su gestión. Dentro de la nueva secretaría se integrará el CISEN, como aparato de inteligencia renovado. 

La política más interesante y con mayores posibilidades de concreción es la de legalización de las drogas. Hay que recordar que el ex Presidente Zedillo firmó un documento público con otros ex jefes de Estado de América Latina llamando a iniciar la legalización de las drogas. De hacerse, colocaría a México en la vanguardia de políticas progresistas en materia de legalización de enervantes. Sin embargo, hacerlo probablemente no impactará de inmediato en el mejoramiento de la seguridad de los ciudadanos ni en cambios a las dinámicas de los grupos criminales ligados a la producción y exportación de drogas.

La amnistía está concebida como una forma de incentivar que sectores sociales abandonen el crimen organizado. Sin embargo, puede convertirse rápidamente en un polvorín político cuando se empiece a liberar criminales de las cárceles que haya cometido agravios diversos en contra de ciudadanos en particular y a la sociedad en general.

Eliminar la corrupción ayudará a abatir problemas como la complicidad entre sectores de la delincuencia con órganos de seguridad e integrantes de gobiernos y partidos políticos. Sin embargo, como se prevé la existencia de una narco bancada en el Congreso de la Unión, el pronóstico de que servirá a la causa de eliminar la corrupción es remoto. Combatir a la corrupción, propuesta medular de este gobierno, se antoja un proceso de largo plazo, de décadas.

Un Fiscal General independiente se considera un requisito básico para retornar al camino de la legalidad y el Estado de derecho. Sin embargo, López Obrador ya definió que él, y sólo él, será quien nombre el próximo Fiscal General.

El retiro de las fuerzas armadas de las tareas del combate a las organizaciones criminales ha sido un reclamo de algunos sectores de la sociedad. Otros, que viven en las zonas de gran conflicto, reclaman su permanencia en activo. Su retiro pudiera reducir la comisión de abusos a los derechos humanos, pero la pregunta es si existe alguna fuerza alternativa con la  necesaria capacidad de fuego, el aparato de inteligencia y el respaldo legal para contener a las actividades delictivas en todo el territorio nacional. En este momento, la respuesta es negativa. La creación de esa fuerza alternativa tomará años y no es por decreto.

El gobierno promete becar a más de dos millones 600 mil jóvenes para incorporarlos al mercado de trabajo y alejarlos de las tentaciones del crimen organizado, otorgándoles 3 mil 600 pesos mensuales. Sin embargo, el mercado laboral mexicano no tiene capacidad para asimilar nuevo personal, máxime cuando más del 50% de los empleados del país conforman la informalidad.

Estos son los retos de la difícil tarea de devolverle la paz a México.

@rpascoep

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Ricardo Pascoe