Seguridad: origen del largo desastre

Seguridad: origen del largo desastre

Foto: Internet

17-08-2018

Alfonso Durazo, futuro secretario de Seguridad Pública federal, ha dicho que el nuevo gobierno hereda una situación de seguridad desastrosa, y no le falta la razón. El actual gobierno cierra el sexenio con los índices más altos de homicidios e incidentes de violencia del crimen organizado en la historia moderna de México.

Pero la fotografía del momento oculta algo importante: el pasado. Si no se entiende la génesis del problema de la inseguridad, no podrán elaborarse las políticas necesarias para su disminución significativa en la vida de México.

El modelo político del PRI correspondía a la idea de cooptación de amplias capas de la sociedad al proyecto del partido hegemónico. Fue el planteamiento idóneo para crear un diálogo permanente entre crimen organizado y autoridades federales, estatales y municipales. Ese diálogo existió mientras duró el PRI en el gobierno federal. Fue durante el sexenio de De la Madrid cuando el Estado mexicano dejó de “controlar” al narcotráfico, pues ya se había convertido en un actor económico, político y social internacional autónomo y no requería la anuencia del gobierno para actuar. Incluso, ya les daba instrucciones a funcionarios públicos de lo que debían, o no, hacer, como en el caso del asesinato del periodista José Buendía. 

El crimen organizado rápidamente se propagó como la humedad por toda la sociedad mexicana. Cuando el PAN entró al gobierno federal, quiso plantear un modelo distinto para atajar el problema de la inseguridad y la violencia. Fox logró que el Congreso aprobara la Ley de Seguridad Nacional en 2005, pero le heredó a su sucesor una situación deteriorada. Calderón tomó las riendas  cuando, según la Organización de las Naciones Unidas, el 60% de los municipios mexicanos sufrían alguna influencia del narcotráfico.

Ante la existencia de una sublevación armada en varias regiones del país, Calderón reaccionó enfrentando al fenómeno con la fuerza armada del Estado nacional. No contaba con la fuerza armada de los municipios ni los estados, muchos de cuyos gobiernos y funcionarios estaban, y siguen estando, comprometidos con el narcotráfico.

Peña Nieto propuso un enfoque “social” al problema del crimen organizado, retirando el ejército a sus cuarteles, hasta que la violencia subió a niveles intolerables. Lo de Ayotzinapa ocurrió, entre otras razones, porque el gobierno miraba hacia otro lado cuando el crimen creció exponencialmente. Cambió de estrategia tardíamente, y concluye su sexenio con el baño de sangre que describe Durazo.       

Hoy el crimen organizado en México es un problema de seguridad nacional porque es una fuerza irregular que enfrenta al Estado con armamentos a veces superiores a los de las fuerzas armadas nacionales, impone su ley en zonas del país y obliga a los pobladores al pago de piso para vivir. Se comporta como un Estado alterno.

El nuevo gobierno debe entender la génesis de ésta situación, incluso reconociendo que dentro de sus propias filas cohabita con quienes construyeron las políticas de complicidad entre narcotráfico y Estado nacional. No debe aceptar sus propuestas de impunidad y “control” del crimen organizado, siendo el origen de nuestra crisis de seguridad. México ha transitado por complicidad, enfrentamiento y conciliación, sin éxito. No cuenta con policía nacional capacitada y confiable para enfrentar el reto, ni justicia confiable. Construirlas tardará mucho más que seis años. ¿Existe esa visión, o seremos rehenes de más políticas de seguridad sexenales fantasiosas?  

@rpascoep

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Ricardo Pascoe