¿Quién le teme al Concejo abierto?

¿Quién le teme al Concejo abierto?

Foto: Intenet

05-06-2017

El aspecto que más atención ha atraído del debate en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal sobre la ley electoral emanada de la recientemente discutida, manoseada y cuasi-aprobada Constitución de la Ciudad de México es la forma de elección de los integrantes de los Concejos que harán las veces de pequeño “parlamento” de las nuevas alcaldías. El método aprobado en la ALDF le permite al partido que gana la alcaldía apropiarse del 60% de los concejeros, dejando que el restante 40%  sean designados por el principio de representación proporcional entre los partidos restantes. Contra este planteamiento, diversos ex Constituyentes, miembros de organizaciones ciudadanas de la Ciudad de México y ciudadanos libres planteamos la necesidad de que todos los concejeros fuesen electos por el principio de representación proporcional, incluso para permitir que pudieran elegirse concejeros independientes. Este planteamiento entiende que, dadas las tendencias electorales actuales en la ciudad que favorecen la fragmentación del electorado, en la mayoría de los casos los alcaldes electos no tendrían mayoría en los Concejos, pues ganarán sus alcaldías con sólo el 30% o 35% de los votos.

Este escenario, donde los alcaldes no necesariamente tendrían mayoría en el Concejo, implicaría, según los diputados que votaron a favor del método, un temible espectro de la ingobernabilidad. ¿Es verdad que la falta de una mayoría de concejeros es la puerta de entrada a la ingobernabilidad en las alcaldías?

Según lo aprobado en la Constitución, la administración pública de la ciudad es de naturaleza “centralizada y paraestatal” (Art. 38). Las alcaldías de la ciudad son entes paraestatales, no son municipios, y carecen de las facultades necesarias para la toma de decisiones sustantivas al margen del gobierno central, administrativa-, financiera- y presupuestalmente. La Secretaría de Finanzas seguirá manejando los recursos públicos de las alcaldías. Tampoco manejarán a la policía, ni siquiera la de tránsito, y las definiciones sobre las obras urbanas y usos de suelo residirán sustancialmente en manos del gobierno central. Incluso el manejo y aprobación del padrón de ambulantes seguirá siendo facultad del gobierno central, como lo es hasta el día de hoy, al igual que el ejercicio de fondos provenientes de servicios, rentas y usufructo de espacios públicos, sin rendir cuentas sobre su destino. 

Los concejeros estarán vigilando a un gobierno local cuyo mandamás real se encuentra en el zócalo, no reside en la voluntad popular expresada en las urnas. Ésta es la contradicción esencial del régimen político de la Ciudad de México. La función de los consejeros será vigilar a un  gobernante mutilado.

Entonces, ¿cuál crisis de gobernabilidad? Más bien, conociendo el carácter dependiente de las alcaldías y la minusvalía de sus funciones, igual a las delegaciones actuales, la idea de una crisis de gobernabilidad parece justificar un continuado control político.

La alianza PAN-PRD, con partes de Morena y PRI, aprobó ese paso que limita la representatividad ciudadana, reduciendo la representatividad de una mayor participación ciudadana, en aras de cuidar los muchos, o pocos, cotos de poder que les quedarán después de las elecciones de 2018.    

Exhibieron temor a la voz de la ciudadanía, excluyendo de facto las candidaturas independientes a los Concejos, junto con las de muchos candidatos partidistas. En la Ciudad de México se impuso el miedo burocrático. Algo parecido sucedió hace un año con la elección de la Asamblea Constituyente.

 

@rpascoep

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Ricardo Pascoe