Propuestas y equivocaciones

Propuestas y equivocaciones

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24-07-2018

Andrés Manuel López Obrador es el virtual presidente de México. Ante una votación con amplia ventaja sobre sus competidores, comenzará la presidencia con legitimidad y con una alta aprobación de la sociedad. Andrés Manuel comienza su administración antes de tomar posesión pues es él quien marca la agenda, y lo hace con un alta expectativa pues del mismo tamaño fueron sus promesas de campaña.

Ya hemos sido testigos, en esta ocasión y antes, que una cosa es la campaña y otra muy diferente es ser gobierno. El discurso se ha matizado, lo que antes se iba a cancelar ahora se revisará, lo que estaba mal ahora no lo está tanto. Le será muy difícil cumplir todas sus promesas. Sin embargo, hay algunas que le es más fácil cumplir, debido a que dependen directamente del ejecutivo, y pienso que algunas de ellas están mal.

Primero. Ya se anunció que se despedirán al 70% de los trabajadores de confianza. De acuerdo con el INEGI, hay 1 millón 567 mil personas trabajando en el gobierno federal, de las cuales un poco más del 17% son de confianza, es decir, 269,524. De cumplirse la promesa de AMLO se estaría despidiendo a 188,667 personas. Casi 200 mil personas que perderían su trabajo de un plumazo. Se les despediría no porque son incompetentes en sus labores, sino porque es sencillo eliminar su contrato.

Es cierto que en la administración pública hay puestos que sobran, pero también es cierto que la mayoría de estos se encuentran en el personal sindicalizado. Se debe realizar un estudio técnico en donde se identifiquen duplicidades en funciones y encontrar labores innecesarias. La decisión no puede ser basada en un numero lanzado al tanteo.

Segundo. La reducción de salarios y eliminación de prestaciones y privilegios. Eliminar prestaciones y privilegios que han sido excesivos me parece correcto, hay funcionarios que gozan de demasiados privilegios: choferes, ayudantes, secretarias, asesores, viáticos, entre otras cosas. Nuevamente es necesario identificar qué es lo que se necesita para un puesto de alto nivel y brindarlo sin caer en los excesos.

Sin embargo, la reducción de sueldos me parece un error. El argumento principal es que nadie puede percibir un sueldo mayor que el presidente, una iniciativa que impulsó Felipe Calderón. La propuesta de reducir los salarios al 50% es excesiva. Primero que nada, el presidente tiene cubiertas todas sus necesidades para él y su familia, por lo cual es muy difícil calcular exactamente cuánto percibe el presidente. Estos funcionarios, si se eliminan las prestaciones excesivas, aún tiene que pagar hipoteca, salud, educación de sus hijos y sus necesidades básicas. Una reducción tan drástica de los sueldos podría hacer perder capital humano valioso, del cual es gobierno necesita mucho, y podría enviarlo a buscar trabajo en el sector privado en busca de salarios más competitivos. Se debe implementar un servicio profesional de carrera que incentive a los trabajadores a crecer en la administración pública para llegar a los puestos más competitivos y estos no sean una cuota política.

Tercero. La descentralización de las dependencias federales. No he encontrado estudio o análisis que justifique dicha propuesta. El único argumento es que ayudará al desarrollo de diferentes regiones del país. Lo cierto es que la burocracia poco ayuda al desarrollo. Lo que sí ayuda al desarrollo son los bienes públicos como inversiones en infraestructura, lo cual poco tiene que ver con el cambio de sedes de las secretarías y dependencias. Sería casi imposible trasladar a todo el personal a los lugares que se propone, eso sin mencionar las dificultades asociadas a cada individuo: la escuela de sus hijos, las hipotecas que se estén pagando, una probable separación de familias y un largo etcétera asociado a las necesidades individuales de cada trabajador.

El costo asociado a la descentralización se estima en cerca de 130 mil MDP, que representa cerca del 0.5% del PIB. Un costo demasiado elevado para una propuesta, creo yo, innecesaria.

Cuarta. El nombramiento de los delegados estatales federales. El argumento principal es que hay que poner un alto a los gobernadores que han derrochado los recursos que se les entregan. Y estoy de acuerdo en que se debe limitar a los gobernadores, pero no de esta manera. Es cierto que los gobernadores se han excedido con el presupuesto (para un análisis más extenso recomiendo el libro de Leonardo Núñez, “¿Y dónde quedó la bolita?”). Coincido en que hay que ponerles un alto, pero nombrar a los ‘súper delegados’ es crear un poder alterno al que ya existe y, por lo tanto, desafiar las decisiones que se toman en cada estado de manera democrática.

Los delegados serían virreyes en los estados pues controlarían el presupuesto federal y todo se tendría que negociar con ellos. Además, serían potenciales candidatos a gobernadores debido a que tendrían bajo su servicio todos los programas federales. Es una propuesta para hacer política en favor de MORENA y un retraso al federalismo.

Las propuestas antes mencionadas sirven para hacer política, para decir que se está cumpliendo, pero no contribuyen mucho al crecimiento y desarrollo del país, muchos menos a una administración eficiente.  Andrés Manuel está direccionando la irá de la sociedad con el gobierno hacia los funcionarios, muchos de los cuales trabajan arduamente por hacer un buen trabajo y lo hacen en jornadas de más de 10 horas diarias y fines de semana. Muchos de estos funcionarios hoy temen por su trabajo y seguramente muchos ellos votaron por AMLO.

La descentralización del gobierno es un sinsentido desde cualquier punto que se le vea y los ‘súper delegados’ solo concentrarán el poder para controlar territorios gobernados por la oposición. El futuro gobierno está tomando las decisiones fáciles, esas que no tienen que ver con modificar leyes y enfrentarse realmente a los poderes fácticos del país. Aún es tiempo de rectificar, aunque con lo visto hasta ahora, dudo que lo haga.

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Otra perspectiva

Omar Ovalle

Especialista en Economía y Finanzas