La crisis que viene

La crisis que viene

Foto: Internet

19-06-2019

Por Agustín Vargas 

 

Arturo Herrera Gutiérrez, subsecretario de Hacienda y Crédito Público, es un economista serio y uno de los personajes más congruentes del gobierno de la cuarta transformación y por ello se ha ganado el respeto de la comunidad financiera tanto nacional como internacional, aunque también, sin duda, le ha valido el regaño del Presidente Andrés Manuel López Obrador por tener y exponer otros datos económicos, distintos a los de la realidad del mandatario.

Ayer el funcionario expuso ante analistas de la calificadora Fitch Rating, los mismos que en los últimos meses han estado muy atentos y quisquillosos rebajando las calificaciones a Pemex y a la deuda del gobierno mexicano,  a exponer parte de la evolución de la economía y fue claro en reconocer que México está en riesgo de enfrentar de nueva cuenta una severa crisis económica.

El subsecretario de Hacienda asistió al foro económico organizado por Fitch. Literal, se metió en la cueva de los lobos y no tuvo empacho en decir que el contexto internacional no se ve particularmente optimista, lo que se suma a la desaceleración de la economía mexicana y si bien, afirmó, el país tiene un esquema adecuado de riesgos, le falta contar con una política contracíclica. 

Y aunque afirmó que México tiene los recursos para “paliar la peor crisis” que pudiera tener, como una caja de la economía de 5.0 por ciento, carece de reglas definidas para utilizarlos.

“Si tenemos fondos muy, muy importantes, pero nuestros fondos están asociados a disminuciones en los ingresos públicos, y tienes que usar fondos que se utilicen cuando estás en una recesión, y que se amplíe el fondo cuanto estás en un boom; esa cosa no la tenemos nosotros”, añadió.

Según el funcionario México tiene más de 280 mil millones de pesos en el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP), equivalente a más de 1.0 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).  Al FEIP se suman la línea de crédito flexible con el Fondo Monetario Internacional por 74 mil millones de dólares y 178 mil millones de dólares de las reservas internacionales del Banco de México.

Además, el país recauda alrededor de 20 por ciento del PIB y ante una fuerte caída de la actividad económica de 5.0 por ciento, la cual solo ha ocurrido tres veces en los últimos 100 años, el impacto en los ingresos públicos sería de 1.0 por ciento del PIB.

La política económica anticíclica o contracíclica consiste en el conjunto de acciones gubernamentales dedicadas a impedir, superar, o minimizar los efectos del ciclo económico. O sea, según lo expresado por Herrera Gutiérrez, eso no lo tiene el actual gobierno.

Duros, sin duda, los datos del subsecretario de Hacienda, quien anticipa desde ahora un descalabro en la economía nacional y al mismo tiempo urge a adoptar medidas para atenuar el efecto. Falta saber que dice su jefe Carlos Urzúa y el de ambos, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien generalmente tiene otros datos, distintos a los de la gente que sabe del tema.

Santa Lucía y los descalificativos

El Juez Octavo de Distrito con sede en el Estado de México otorgó dos suspensiones definitivas contra la construcción del nuevo aeropuerto en la base militar de Santa Lucía. Uno de los recursos impide cancelar la construcción del aeropuerto de Texcoco y el otro es contra la Ley de Ingresos de la Federación, particularmente de los ejercicios fiscales de 2015 a 2018.

En algunos amparos se reclama el incremento de la tarifa de uso aeroportuario porque dicho impuesto fue usado para financiar el proyecto de Texcoco, y ahora con el proyecto del aeropuerto de Santa Lucía, buscan que no se les cobre y que tampoco se destine a las obras en la Base Aérea Militar número 1, en Santa Lucía, Estado de México.

Las organizaciones que integran el colectivo #NoMásDerroches promovieron 147 demandas de amparo, de las cuales, hasta este momento con las nuevas resoluciones sumarían siete suspensiones otorgadas. En las resoluciones, los colegiados ordenaron frenar la construcción del nuevo aeropuerto en la Base Aérea Militar, hasta en tanto no existan los estudios de impacto ambiental; que se cuente con la autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH); que se entreguen estudios en materia de seguridad.

Los juicios de amparo se interpusieron en ocho entidades del país: Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Coahuila, Nuevo León, Morelos, Quintana Roo y San Luis Potosí.

Casi de inmediato el Presidente Andrés Manuel López Obrador reviró a la Barra Mexicana del Colegio de Abogados (BMA), quien lo acusó de violar el Estado de derecho por pronunciarse sobre los amparos que frenaron las obras del nuevo aeropuerto de Santa Lucía. AMLO dijo que sólo “ejerce su derecho de manifestación” y que ahora hablará con mayor razón, por supuesto descalificó la postura de los litigantes. 

Previamente, ese organismo rechazó las amenazas que hiciera el mandatario respecto a que evidenciará a los que logren amparos y pretendan detener las obras en el aeropuerto de Santa Lucía Los litigantes consideran que estos dichos atentan contra el Estado de Derecho. 

A través de un comunicado, la barra señala que “… consideramos inapropiado que el Ejecutivo Federal intervenga en asuntos jurisdiccionales, mediante acciones mediáticas o de otra índole, que inhiban o cuestionen el ejercicio del derecho de defensa de las personas que presionen o dirijan al poder judicial…”.

Ordenan detener juicios masivos

De manera sutil, el Consejo de Administración del Infonavit recibió la orden presidencial para detener los “juicios masivos” en contra de los acreditados del Instituto que por alguna circunstancia no hayan podido cumplir con sus obligaciones de pago, por lo que hizo un llamado a desistirse de todas las acciones legales que puedan derivar en desalojos de las viviendas.

En una carta enviada el pasado jueves 13 de junio a los miembros del Consejo de Administración les pidió dar todas las facilidades de pago posibles a los trabajadores y evitar que pierdan su patrimonio.

Cabe destacar que en la edición de mayo 2019 de Hábitat Mx (HBT.150) dimos a conocer que el propio Infonavit estaba alentando los desalojos masivos de viviendas a través de diversos despachos de abogados, situación que fue discutida en la Cámara de Diputados, la cual exhortó al Instituto detener las acciones judiciales en contra de los trabajadores derechohabientes.

En respuesta a la misiva del Jefe del Ejecutivo, los miembros del Consejo de Administración dijeron que analizaran y discutirán a la brevedad las acciones propuestas en las próximas sesiones ordinarias de este órgano de gobierno.

En el caso de los juicios masivos, los consejeros coincidieron en revisar aquellos en que los que existan vicios jurídicos y, en todo caso, dar oportunidad de recuperación de garantías o regularización de los créditos, pero eso sí, dejaron claro que cualquier decisión del Consejo antepondrá el cuidado de los recursos del Instituto que son propiedad de las y los trabajadores, y no son recursos públicos fiscales.

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