Elecciones y el encanto de la promesas

 Elecciones y el encanto de la promesas

Foto: Internet

27-06-2018

 

Por Agustín Vargas 

En diciembre de 2017, cinco senadores del Partido Acción Nacional (PAN) presentaron una iniciativa para que el Presidente de la República pueda ser enjuiciado por hechos de corrupción y cualquier violación a la Constitución y leyes federales.

La iniciativa fue firmada por Juan Carlos Romero Hicks, Ernesto Ruffo, Francisco Búrquez, Marcela Torres y Víctor Hermosillo, quienes se identifican como el Grupo Anticorrupción del PAN.

Actualmente, el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos indica que el Ejecutivo Federal sólo puede ser “acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común”.

La propuesta de los panistas establece que “el Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo y hasta tres años después de concluido su mandato, podrá ser acusado por traición a la patria, hechos de corrupción y cualquier violación a esta constitución y las leyes federales que de ella emanen”.

Según el argumento de los panistas, el objetivo es que el Ejecutivo Federal deje de ser un “semidiós” y pueda ser juzgado como cualquier funcionario público y consideran que la posibilidad de un juicio político hasta tres años después de dejar el cargo es una extensión suficiente para que el Presidente rinda cuentas.

“El problema que existe es que cuando la persona termina su mandato, generalmente la parte del juicio político concluye, entonces lo que queremos es que no haya impunidad, sea por la parte del juicio político o penal”, afirmó el senador Juan Carlos Romero Hicks.

Lo interesante del asunto es que hace apenas unas semanas la propuesta panista volvió a sonar con fuerza entre la clase política, aunque aún no son muchos los que se han sumado a ella, pese a que Ricardo Anaya, el candidato presidencial  de los panistas, perredistas y del movimiento ciudadano, retomó esta bandera enarbolándola como punta de lanza en su pleito personal con el Presidente Enrique Peña Nieto y el candidato priista José Antonio Meade, más que como una promesa de campaña.

La pregunta aquí es, ¿en verdad de atreverán a promover un juicio político o  penal, según sea el caso? ¿Por qué hasta ahora y justo en periodo electoral se les ocurre traer el tema, cuando esto debió de haber sido hace mucho tiempo? 

Los legisladores deberían saber que si se puede enjuiciar a un Presidente por sus  actos, aun cuando haya concluido su administración, sin necesidad de modificar la Constitución.

El asunto es que nadie hasta ahora se ha atrevido a tocar el tema, porque si así fuera ya varios expresidentes habrían pisado la cárcel.

Esto es así porque la Constitución mexicana, en su Artículo 114, establece que el procedimiento de juicio político sólo podrá iniciarse durante el período en el que el servidor público desempeñe su cargo y dentro de un año después. Las sanciones correspondientes se aplicarán en un período no mayor de un año a partir de iniciado el procedimiento.

El precepto constitucional destaca además que  “… La responsabilidad por delitos cometidos durante el tiempo del encargo por cualquier servidor público, será exigible de acuerdo con los plazos de prescripción consignados en la Ley penal, que nunca serán inferiores a tres años. Los plazos de prescripción se interrumpen en tanto el servidor público desempeña alguno de los encargos a que hace referencia el artículo 111. La ley señalará los casos de prescripción de la responsabilidad administrativa tomando en cuenta la naturaleza y consecuencia de los actos y omisiones a que hace referencia la fracción III del artículo 109. Cuando dichos actos u omisiones fuesen graves los plazos de prescripción no serán inferiores a tres años”.

Es claro que el procedimiento legal para el enjuiciamiento al Presidente de la República ha estado vigente, pues como servidor público le es aplicable el artículo 114 constitucional. Así que la oferta política como promesa de campaña no es nueva.

Lo nuevo sería, eso sí, además de trascedente, que los legisladores o partidos políticos ejecutarán las acciones correspondientes ante los tribunales para hacer valer la ley y dejar de lado el encanto de las promesas en tiempo de elecciones.

Refuerza AMFE lucha anticrimen cibernético

Sigue fuerte la acción anticrimen en materia de usurpación de identidad y fraude cibernético por parte de la Asociación Mexicana de Entidades Financieras Especializadas (AMFE), que preside Enrique Bojórquez Valenzuela, en beneficio de los clientes de sus asociados.

Para ello firmó un Convenio de Acciones y Asesoría Especializada con la empresa Bayonet Inteligencia Cognitiva, que dirige Víctor Rico Álvarez, bajo el marco de las políticas establecidas en este rubro por la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef), que encabeza Mario Di Constanzo.

Entre dichas acciones destacan el establecimiento de mecanismos de alertas en los sitios de internet oficiales de las entidades financieras especializadas, y el aseguramiento de que el usuario pueda confirmar oportunamente la veracidad de los productos de crédito que se le ofrecen.

Y es que la importancia del convenio radica en que estamos hablando de las 40 financieras especializadas no bancarias más importantes y grandes del país, que colocan en promedio anual más de un millón 500 mil créditos en los sectores automotriz, agroindustrial, préstamos personales, pymes e hipotecario, y cuyos activos por más de 449 mil 986 millones de pesos, representan el 2.4 por ciento del Producto Interno Bruto.

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