Los otros datos de la consulta pública para el Tren maya

  • Los otros datos de la consulta pública para el Tren maya

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El gobierno de la 4T, en voz de la Subsecretaria de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos, de la Secretaría de Gobernación, anunció los datos oficiales de la consulta pública realizada para la construcción del Tren Maya.

En el marco de la mañanera, con un tono de triunfo, se informó que el fin de semana pasado, 93 mil 142 personas votaron a favor del Tren Maya, es decir, el 92.3 por ciento en un universo de 100 mil 940 ciudadanos que participaron en 269 mesas instaladas en los estados de Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco y Chiapas.

Se dijo que entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre se realizaron asambleas en cuatro de las principales lenguas indígenas y que en ellas hubo un “consenso generalizado” a favor del proyecto, destacando, según sus datos, que participaron alrededor del 75% de las comunidades indígenas.

 

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De conformidad con la convocatoria emitida por la Secretaría de Gobernación, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo y el Instituto Nacional de los Pueblos Indigenas, el 14 de noviembre del año en curso, se consideró la participación de dos grupos sociales; las comunidades indígenas y la ciudadanía mayor de edad de esas entidades federativas.

La Subsecretaria informó que en las 269 mesas instaladas en 84 municipios para la consulta, participaron 100 mil 940 personas mayores de edad. Del total, el 92.3% votó a favor del proyecto, es decir 93 mil 142, y el 7.4%, o sea, siete mil 517 personas votaron por el no.

Los otros datos.

Desde luego que una participación de más de 100 mil personas, en los cinco estados consultados no es nada despreciable y se debe reconocer que es un buen esfuerzo de convocatoria por parte del gobierno federal; sin embargo ese número de participantes resulta mínimo si se contrasta con el tamaño de la población que podría ser elegible para participar.

De conformidad con los datos del censo de población realizado en 2015 por el INEGI, la población del estado de Yucatán es de 1’097,175 personas; la de Campeche es de 899,931 personas; en Quintana Roo es de 1’501,562 personas; en Chiapas es de 5’217,908; y Tabasco tiene una población de 2’395,272 personas. La suma de estas es de 12’111,848 personas.

Ahora bien, la población indígena de esos estados es de 2’008,635 personas. 537,516 se encuentran en Yucatán; 91,094 en Campeche; 178,000 en Quintana Roo; 1’141,499 en Chiapas y 60,526 en Tabasco.

La participación de 100,940 personas es importante pero en números duros equivalen al 0.84% del total de la población y al 5% de la población indígena de los cinco estados considerados en el proyecto.

En términos reales, significa que la mayoría de la población en condiciones de participar, indígena o no, en Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Chiapas y Tabasco se abstuvo de participar en la consulta.

Las causas pueden ser varias, entre ellas, como ha ocurrido en otras consultas, existe desconfianza en la consulta porque no hay manera de verificar quién y cuantas veces participa ya que no hay un padrón; porqué el escrutinio de los votos los hace el gobierno, sin vigilancia ni participación de nadie que pueda confrontar los resultados; por el mismo hecho de que la consulta fue realizada por el propio gobierno y no por un órgano independiente.

La falta de mayor información a la población y la apariencia de que las comunidades indígenas no pasarán el umbral de la servidumbre en los proyectos colaterales a la obra de infraestructura, tal y como ha sucedido en el desarrollo de la Riviera Maya y los desarrollos turísticos de la península de Yucatán, son también razones válidas y justificadas.

Están vigentes, como acto reclamado, las exigencias de información para que se expliquen, con claridad y sin tecnicismos, los impactos positivos o negativos que tendrá para las comunidades la ejecución del proyecto en el corto, mediano y largo plazo, incluidos los impactos ambientales; la disposición, uso y cambios en la disponibilidad de agua; los cambios del uso del suelo; la desincorporación de tierras del régimen comunal; los avalúos e indemnización por la ejecución del proyecto y las afectaciones colaterales por instalaciones correlativas al proyecto (vías, estaciones, plantas de energía, caminos); la seguridad y certeza de que las indemnizaciones por las afectaciones a las tierras estén presupuestalmente soportadas y garantizadas por el gobierno federal y se asegure que no habrá ocupación previa hasta que no hayan sido pagadas en su totalidad las tierras que resulten afectadas.

Sin duda, la abstención también es un mensaje, que probablemente se expresará pronto en los tribunales.

 

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