La falta de una Fiscalía General, por falta de voluntad política

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La falta de una Fiscalía General de la República, aprobada mediante una reforma constitucional al sistema de justicia desde 2008, y que se ha aplazado por falta de voluntad política, pone en riesgo la credibilidad del Sistema Nacional Anticorrupción, afirmó la académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y exprocuradora general de Justicia del Estado de Chihuahua, Patricia González Rodríguez.

Al participar en el panel Política del Estado para la Seguridad y Justicia, de los Foros Universitarios “La UNAM y los desafíos de la Nación”, expuso que por esa falta de voluntad política, México no ha transitado con pasos firmes al sistema judicial acusatorio, de transparencia y rendición de cuentas, que lleve a una justicia pronta.

"Ha faltado voluntad política para el diseño de políticas públicas de mediano y largo plazos. Una planificación que permita lograr la consolidación de una de las instituciones más importantes, que constituya el motor del sistema nacional acusatorio: la Fiscalía General de la República.

 

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Para dar paso a esta Fiscalía, agregó la también exjueza penal, tienen que desaparecer escalonadamente las delegaciones de la PGR, pues la mayoría de los delegados desconocen el sistema nacional acusatorio. En su diseño deben participar la sociedad civil, organizaciones sociales y los expertos en temas de corrupción e impunidad.

En el Aula Magna Jacinto Pallares, de la Facultad de Derecho, el rector de la Universidad Naval, Luis Orozco Inclán, indicó que la seguridad nacional es una condición necesaria que proporciona el Estado para garantizar estabilidad, integridad, soberanía y lograr los objetivos nacionales.

Sin embargo, acotó, a este concepto se han sumado otros como la seguridad pública y la seguridad interior. La primera está enfocada a salvaguardar la integridad de las personas y sus bienes, mientras que la segunda no está definida en ningún documento aprobado por el Congreso.

En el programa de Seguridad Nacional 2014-2018, prosiguió Orozco, se indica que la seguridad interior la proporciona el Estado para salvaguardar sus instituciones, su población, garantizar el desarrollo y el estado de derecho, así como hacer frente a riesgos y amenazas que vulneran el orden constitucional.

En su oportunidad, el expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Guillermo Ortiz Mayagoitia, coincidió en que la seguridad es el valor fundamental de lo jurídico y fin esencial del Estado. Sin embargo, las cifras que indican que en el país hay más de 29 mil personas desaparecidas, 850 fosas clandestinas y 60 mil desplazados muestran que se ha roto con este valor.

A ello se suman diagnósticos de la ONU, que señalan que el grado de impunidad en el país es del 99 por ciento, pues sólo uno de cada 100 delitos es perseguido y no todos terminan con sentencias condenatorias.

“Hay que acelerar la adecuación de todos los participantes en el nuevo sistema penal oral y acusatorio para que pronto sea eficaz. Vemos que el presupuesto en seguridad aumenta, pero para la justicia hay carencias”, agregó al pronunciarse porque este sistema cuente con insumos necesarios, y los jueces, policías y fiscales reciban la preparación requerida.

El comisionado de la Policía Federal Preventiva, Manelich Castilla Craviotto, expuso que la figura del policía empezó a degradarse con la corrupción, pero “no volteamos a ver a la sociedad que ha construido caminos para debilitar los controles formales y abrir la puerta a la corrupción”, expresó.

En el panel, moderado por el director de la FD, Raúl Contreras Bustamante, también participó el exsubsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos, Gustavo Mohar Betancourt, quien comentó que hoy en día los riesgos de seguridad de un país trascienden sus fronteras.

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