"Ley de Seguridad Interior" no es la solución para detener la violencia: Cocyp

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El Presidente Nacional de la Central de Organizaciones Campesinas y Populares, José Jacobo Femat, advirtió que el proyecto de “Ley de Seguridad Interior” que se discute en el Congreso de la Unión no es la solución para detener la presencia del crimen organizado en México quien ha propiciado el desplazamiento de cerca de 40 mil campesinos e indígenas, principalmente de Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Chiapas.

En entrevista, el dirigente de COCYP, precisó que la Iniciativa pretende dar facultades al Ejército Nacional para intervenir en la lucha contra el crimen organizado, pero no es una alternativa viable y mucho menos segura para controlar y disminuir la capacidad de los grupos criminales en México.

 

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Hizo ver, el dirigente campesino, que en 10 años de participación abierta del Ejército Mexicano contra los grupos criminales, el crimen organizado no solo no disminuyó su capacidad, por el contrario, amplió su presencia y poder, con influencia directa incluso en estructuras del poder institucional de los tres niveles de gobierno.

Durante éste tiempo, en apariencia se mejoró la preparación, disciplina y armamento de las policías federal, estatal y municipal, incluso se constituyó en diciembre de 2012 una nueva fuerza armada especial para “proteger al pueblo” “La Gendarmería Nacional”, que tampoco fue el remedio que el problema reclamaba.

José Jacobo Femat argumentó que hasta antes de 2007, el desplazamiento ocurría por la disputa por tierras, conflictos comunales, intolerancia religiosa, la construcción de mega proyectos, catástrofes naturales; sin embargo, después de ese año y con la implementación de la Estrategia Nacional de Seguridad del Presidente Felipe Calderón, las causas principales del desplazamiento son la violencia criminal, la ejecución de operativos de seguridad, la corrupción y las violaciones a derechos humanos.

Dejó en claro que no es casual que al calor de la discusión de la iniciativa de “Ley de Seguridad Interior”, el crimen organizado se manifieste con mayor fuerza en todo el país, que presione a la población para que se someta a su presencia, para que abandone territorios donde existen recursos naturales o minerales importantes para la empresa privada, que avance en el control de la economía regional de productores rurales, pequeñas empresas y comerciantes.

Todo esto, aseguró, a la vista de autoridades estatales y federales, en alianza con empresas multinacionales, entre ellos bancos que reciben los depósitos de su actividad criminal, frente a la pasividad de las policías municipales, estatales y federales, y el retiro momentáneo del Ejercito a sus cuarteles. ¿Para presionar la aprobación de la Ley?, reflexionó el Presidente de COCYP.

El poco interés del gobierno por resolver de fondo la problemática  de este flagelo ya ha provocado cientos de miles de víctimas en la población y pérdidas multimillonarias a las familias pobres, en las últimas dos décadas. No obstante que el Gobierno Federal niega los desplazamientos forzados existen cifras emitidas por la CNDH que ubica este fenómeno en 35 mil 433 personas hasta mayo de 2016, mientras que para Laura Rubio, investigadora del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), el número de desplazados asciende a 170 mil en marzo de este año.

“Porque, no son más hombres, ni más armas los que se requieren, sino aplicación de marco jurídico”, destacó José Jacobo Femat.

Por tanto, la Iniciativa de Ley de Seguridad Interior, que pretende dar más facultades al ejército Nacional para intervenir en la lucha contra el crimen organizado, no es una alternativa viable y mucho menos segura para controlar y disminuir la capacidad de los grupos criminales en México.

Opinó que la famosa “Ley de Seguridad Interior” no está dirigida al control de los grupos criminales en México, sino a cimentar el control del país y su población por el poder de las grandes corporaciones trasnacionales, utilizando al Ejército Mexicano con el engaño de combatir al crimen organizado.

Por tanto, el Poder Legislativo no puede ni debe aprobar la iniciativa presidencial de “Ley de Seguridad Interior”, porque su aceptación sería en detrimento de los ya limitados derechos individuales y colectivos que aún conserva la población, sería una Ley que legitimaría la restricción de libertades ciudadanas, actos de abuso de poder y propiciaría condiciones de autoritarismo en México.

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