Urge encarar de manera responsable y compartida desapariciones forzadas

  • Urge encarar de manera responsable y compartida desapariciones forzadas

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Al participar en la ceremonia conmemorativa al Décimo Aniversario de la entrada en vigor de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, celebrada por el Pleno del Comité en la sede de la ONU en Nueva, York, el Ombudsman de México, Luis Raúl González Pérez, con la representación de más de 100 instituciones miembros de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI), señaló que la existencia de un solo caso de desaparición forzada es inaceptable y debe movernos como autoridades y sociedad para llegar a la verdad y propiciar que esta práctica se elimine por completo. Indicó que México, como en otros países, lamentablemente subsiste ese delito.

 

En nombre de la Presidenta del GANHRI, Beate Rudolph, reconoció el intenso y arduo trabajo realizado durante estos diez años en la promoción de la firma y ratificación de la Convención, así como el cumplimiento de cada uno de sus preceptos, y externó que la presencia de las INDH en este acto es una invitación a no claudicar, a continuar luchando día con día para garantizar el derecho de toda persona a no ser sometida a una desaparición forzada, así como el derecho de las víctimas a la justicia y a la reparación pero, sobre todo, a conocer el paradero de estas personas.

Durante su alocución en el pleno, reiteró que el fenómeno de las desapariciones constituye una forma compleja de violación de los derechos humanos que debe ser comprendida y encarada de una manera integral, pues estamos ante una violación múltiple y continuada de numerosos derechos reconocidos en la Convención y que los Estados Parte están obligados a respetar y garantizar. No podemos luchar adecuadamente si no avanzamos juntos en la tarea de armonizar las legislaciones nacionales sobre esta materia y alinearlas de acuerdo con los estándares internacionales, puntualizó.

 

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Destacó que la impunidad debilita, sin duda alguna, la garantía del respeto a los derechos humanos, lo cual refleja también el debilitamiento del Estado de Derecho. La falta de investigación y sanción de los agresores envía un peligroso mensaje de que no hay consecuencias por cometer tales actos, lo que propicia un entorno favorecedor para la repetición de este delito. En todos los casos debe llegar la justicia y no debemos permitir el olvido.

Comentó que la reunión era el espacio propicio para exhortar a que las INDH trabajemos estrechamente con los Estados, la sociedad civil y con los mismos titulares de derechos, para alentar y asesorar al Estado en la ratificación e incorporación de la Convención en el derecho interno, con estándares internacionales; así también que los Estados Parte acepten necesariamente la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para recibir peticiones individuales.

En este sentido, precisó también la necesidad de que todos los Estados Parte deban, en los casos que no lo hayan hecho, contar con un eficaz y exhaustivo Registro de Datos de Personas Desaparecidas, a partir de criterios claros, homologados y públicos sobre la forma en que se califican las denuncias de desaparición y la manera en que reportan los casos; profesionalizar a las personas responsables de procesar, reportar e investigar los casos y realizar labores de búsqueda; aplicar protocolos homologados de búsqueda de personas desaparecidas que generen una reacción inmediata de las autoridades; conformar un adecuado Sistema para la Búsqueda de Personas Desaparecidas; crear en el ámbito de las instancias de procuración de justicia, grupos capacitados y especializados en la búsqueda de personas desaparecidas; armonizar las legislaciones de los Estados Parte de conformidad con lo establecido en la Convención; y tipificar el delito de desaparición por particulares y la regulación de la declaración de ausencia por desaparición.

Asimismo, debe reforzarse la atención en los casos de desaparición de personas que se encuentran en una situación especial de vulnerabilidad, tales como mujeres, personas con discapacidad, menores de edad, indígenas, defensores de los derechos humanos, periodistas y personas en contexto de migración. De estas últimas, hoy en día todavía no se comprende que han tenido que salir de sus lugares de origen para buscar una mejor forma de vida, que no ha sido por su voluntad, sino que la violencia, la inseguridad y la pobreza, las orillan a trasladarse corriendo riesgos como ser víctimas de desaparición forzada.

González Pérez enfatizó que la comunidad internacional no puede permanecer indiferente ante discursos de odio que promuevan el racismo, la xenofobia y la discriminación, negando o reconociendo la dignidad de las personas, dependiendo de su nacionalidad, género, origen étnico o creencias religiosas.

Todas las personas tenemos una dignidad común que nos identifica y, en razón de ello, no podemos voltear la cara ante el sufrimiento de las personas migrantes, ni permitir que sus desapariciones queden impunes; la desaparición de una persona representa un reto ineludible para cualquier Estado, pues su maquinaria de justicia e investigación se pone a prueba, no sólo frente a sus ciudadanos, sino ante el concierto internacional y ante las organizaciones civiles que pugnan en todo momento por el respeto y vigencia de los derechos humanos, por lo que debe ser comprendida y encarada de una manera integral, aseguró.

Estamos convencidos que frente a esta situación, la dignidad humana tiene que valorarse como el puente que haga entender que estamos ante una preocupación, regional y mundial, en donde la responsabilidad internacional es y debe ser compartida. No es un asunto de un país y de límites geográficos, sino de todos los países y de la dignidad de las personas, concluyó.

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