Cada año son deportados a México 40 mil menores

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Debido a que cada año son deportados 40 mil menores a México, Organizaciones no Gubernamentales (ONG’s) urgieron a la Comisión de Asuntos Migratorios armonizar la Ley de Migración con los estándares de protección establecidos en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para apoyar a la infancia afectada.

El diputado Gonzalo Guízar Valladares , presidente de la instancia legislativa, afirmó que se requiere “actualizar el marco jurídico que permita atender la realidad de la niñez migratoria”, pero también destinar recursos para atender la gran demanda que significa la deportación de miles de pequeños.

Por ello, reiteró que la comisión impulsa la iniciativa para crear la Ley de Fondo de Migralidad, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) se etiqueten recursos adicionales para las zonas fronterizas del sur y norte del país vinculadas al fenómeno migratorio.

 

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Señaló como ejemplo a Tijuana, Baja California, cuya población en una década ha crecido 66 veces a causa de la deportación, frente al estándar nacional que es de 14.

Convocó a unificar criterios en las propuestas, para incorporar el concepto de transversalidad en el gasto público y exista en el PEF un anexo que tipifique cada peso público destinado al fenómeno migratorio, susceptible de evaluarse y controlarse por la sociedad, a través de las ONG’s.

En la reunión, el diputado del PRI, Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela, aseveró que “el fenómeno de la migración infantil es de capital importancia, ya que 40 mil niños son deportados de Estados Unidos a México cada año, y 18 mil son deportados de nuestro país a Centroamérica, lo cual es una cifra sumamente alta”.

Sostuvo que la migración de menores obedece a varios motivos: búsqueda de familiares, mejoramiento de sus condiciones de vida y alejarse de la explotación sexual y de la violencia en sus hogares.

Convocó a aprobar, en 2017, más apoyos y recursos para proteger a la niñez que se encuentra en estas condiciones, mediante sinergias y consensos, para trabajar en las comunidades y cristalizar proyectos que frenen el impacto social negativo.

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