Juez dice “no” a madre e impide boda de adolescente en Chiapas

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En protección del interés superior del niño, juzgado federal niega amparo a madre que pretendía invalidar reforma legislativa que fijó la edad de 18 años como mínima para casarse en Chiapas.

El juez Juan Marcos Gutiérrez Dávila, titular del Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, informa, en el amparo 1368/2016, que negó la protección de la justicia federal a una quejosa que reclama violaciones a los derechos humanos de su menor hija de parte del Congreso local por la expedición del decreto de la reforma al Código Civil, que fija como edad mínima 18 años cumplidos para contraer matrimonio.

La resolución sostiene que con independencia de los conceptos de violación manifestados por la progenitora, al encontrarse involucrado el derecho de una menor, cuya edad actual es de 16 años 11 meses, corresponde realizar un análisis del acto reclamado, en el marco del interés superior del menor.

 

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En consecuencia, puntualizó que las autoridades señaladas como responsables al dar cabal cumplimiento a la reforma legislativa, no incurrieron en violación a los derechos humanos de la menor al no permitirle casarse.

Reitera que, contrario a lo manifestado por su madre, permitir que la adolescente contraiga matrimonio podría ocasionar consecuencias que el legislador estatal desea prevenir con la citada reforma.

Al negar el amparo a la madre, se busca no violentar derechos humanos de la menor y así evitar exponer a la misma a circunstancias que en un futuro pudieran dejar marcas de por vida, en relación a su salud mental y su bienestar físico, esto en atención a los tratados internacionales, al encontrarse más ampliamente desarrollados los derechos fundamentales materia de estudio.

El juez Dávila Rangel establece que la intención del legislador al elevar la edad mínima para contraer matrimonio, es evitar el abuso sexual de los menores de edad y por consiguiente violar los derechos humanos inherentes con los que cuenta, pues el matrimonio infantil está estrechamente relacionado con la escasez económica, de ahí el compromiso del Estado de reducir la pobreza, que probablemente llevará a una disminución de los matrimonios entre infantes o adolescentes.

Es de señalar que en los considerandos de la reforma legislativa impugnada, la Sexagésima Legislatura del Congreso del Estado de Chiapas consideró elevar la edad mínima para contraer matrimonio a 18 años, sin ninguna excepción, y así romper el ciclo de discriminación y proteger el goce pleno y efectivo de sus derechos humanos, derivado de que el matrimonio infantil viola los derechos humanos independientemente de si la persona involucrada es un niño o una niña, pero sin duda, se trata de la forma más generalizada de abuso sexual y explotación de las niñas.

En la exposición de motivos de la iniciativa se enfatiza que el matrimonio con infantes tiene como consecuencias negativas la separación de la familia, los amigos, la falta de libertad para relacionarse con las personas de la misma edad, así como participar en las actividades comunitarias, y una reducción de las oportunidades de recibir una educación.

En dicha iniciativa de ley, se determinó que el matrimonio infantil también puede acarrear trabajos forzados, esclavitud, prostitución y violencia contra las víctimas, puesto que no pueden evitar las relaciones sexuales, por tanto, se exponen a graves riesgos para su salud, como los embarazos prematuros, las infecciones transmitidas sexualmente y, cada vez más, al VIH/SIDA.

En ese sentido, la edad establecida en el artículo 145 del Código Civil del Estado de Chiapas se consideró necesaria, toda vez que a esta edad los contrayentes presentan una mayor madurez para la toma de decisiones, de algo tan importante como es el matrimonio, lo que permite tener una sociedad más ordenada y justa, debido a que los progenitores a veces consienten estos matrimonios por necesidades económicas, en estos casos, el matrimonio se considera como un medio de proporcionar a sus hijas una tutela masculina, de protegerlas contra las agresiones sexuales, de evitar embarazos sin estar casadas, de alargar sus años de fecundidad o de asegurar su obediencia en el hogar del marido.

En ese orden, como lo indicó el legislador estatal en la exposición de motivos, tal derecho a elegir y aceptar libremente el matrimonio está reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), que admite que el consentimiento no puede ser "libre y completo" cuando una de las partes involucradas no es lo suficientemente madura como para tomar una decisión con conocimiento de causa sobre su pareja.

De igual forma, en dicha iniciativa subraya que la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (1979) estipula que el compromiso matrimonial y el casamiento de un niño o niña no tendrán efectos jurídicos y que se deben tomar todas las medidas necesarias, incluidas las legislativas, para especificar una edad mínima de matrimonio. La edad recomendada por el comité sobre la eliminación de discriminación contra la mujer es de 18 años.

Asimismo, el legislador estatal en la iniciativa de reforma precisó que de acuerdo a las Hojas informativas sobre la protección de la infancia, de mayo de 2006 (fojas 17 y 18 de dicha publicación), del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, en sus siglas en inglés United Nations Children's Fund (UNICEF), organismo de la Organización de las Naciones Unidas, quien tiene como objetivo promover la defensa de los derechos de los niños, suplir sus necesidades básicas y contribuir a su desarrollo, ha indicado que el matrimonio infantil es una respuesta a la miseria y a una práctica perniciosa que mantiene a las familias atrapadas en la pobreza, pues al casarse los niños y niñas prematuramente suelen sentirse aislados, pues se les aleja de sus familiares, se les saca de la escuela, negándole con esto, la relación con los de su edad y su propia comunidad; acarreando trabajos forzados, esclavitud, prostitución y violencia contra los menores de edad, pues se exponen a graves riesgos para su salud.

La autoridad jurisdiccional puntualiza que si bien la madre aduce ser de origen indígena perteneciente a la etnia tzotzil, por lo que ella y su hija se encuentran regidas por los usos y costumbres de su comunidad; también lo es que no puede pasarse por alto artículo 4o. Constitucional, ni la Convención Sobre los Derechos del Niño, específicamente en el artículo 3, punto 1, relativo a que en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, deben considerar primordialmente el interés superior de la infancia.

La presente sentencia se basó, entre otros ordenamientos, en el artículo 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos y en atención al interés superior de la niñez, así como en jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en tratados internacionales.

Recordó que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), ha señalado que casarse con niñas menores de 18 años de edad tiene sus raíces en la discriminación de género, y alienta el embarazo prematuro y sin espaciamiento; también fomenta la preferencia por la educación del varón. El matrimonio infantil es también una estrategia para la supervivencia económica, ya que las familias casan a sus hijas a una edad temprana para reducir su carga económica.

De igual forma, aportó datos del Instituto Nacional de Información Estadística y Geográfica (INEGI), en su publicación de "estadísticas a propósito del. día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer (25 de noviembre)", señaló que la violencia de pareja está más extendida entre las mujeres que se casaron o unieron antes de los 18 años (52.9 %) que entre quienes lo hicieron a los 25 años o más (43.4 %).

Por consiguiente, bajo las consideraciones y argumentos expuestos, el permitir que la menor de edad, pueda contraer matrimonio, vulnera derechos humanos de la misma, pues podría generar consecuencias importantes sobre su salud mental y su bienestar físico, precisó el juez Juan Marcos Dávila Rangel.

 

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