Antes de iniciar las nuevas 100 universidades, se debe aprovechar la capacidad de las existentes

  • Antes de iniciar las nuevas 100 universidades, se debe aprovechar la capacidad de las existentes

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México ocupa el último lugar de la OCDE, en cuanto a la población adulta con educación superior: solamente el 16% de los mexicanos de entre 25 y 64 años cuenta con estudios superiores, frente al promedio de 36% en el resto de los países y solamente el 1% en México tiene estudios de maestría.

Estas cifras revelan diversas dimensiones de la problemática educativa: por un lado, de estructura del sistema de educación superior y, por el otro, de pertinencia de su oferta para el mundo laboral y productivo.

Poe llo, en un país con profundas desigualdades, la educación es uno de los instrumentos más eficaces para detonar oportunidades de desarrollo colectivo y de las personas en lo individual.

 

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Representa también la herramienta más eficaz para una evolución de los patrones productivos de un país, hacia actividades de mayor especialización y rentabilidad.

En el  entorno internacional exige una modernización constante de los mecanismos de formación del conocimiento y el aprovechamiento de las tecnologías. Las instituciones de educación superior juegan un papel principal en este proceso.

En ese contexto, México requiere evolucionar hacia un sistema de educación superior con elevados estándares de calidad, que a nivel macroeconómico garantice la productividad de la fuerza laboral, al tiempo que ofrezca a los jóvenes la posibilidad de alcanzar sus objetivos personales de bienestar.

Coparmex coincide con el Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador, en la necesidad de reformar el sistema de educación superior en México.

En el sistema público de educación superior de México existen retos de sustentabilidad financiera que deben resolverse prioritariamente, como la jubilación del profesorado, la renovación de la planta educativa y el mejoramiento de las instalaciones en las universitarias existentes. Todas estas medidas requerirán de un esquema de financiamiento distinto para hacerles frente.

Por ello, resulta impostergable fortalecer el financiamiento de las instituciones de educación superior. Al menos diez universidades públicas estatales se encuentran en estado de insolvencia y otras muestran ya signos graves de falta de liquidez.

En muchas universidades públicas hay capacidad física instalada que podría permitir el acceso a decenas de miles de jóvenes. Sin embargo, estos espacios no han podido ser aprovechados por la falta de recursos públicos suficientes.

Los espacios que se abren requieren, en paralelo, de la contratación de académicos, de trabajadores administrativos y de una amplia gama de gastos ineludibles para prestar el servicio educativo.

Por ello, proponemos que antes de iniciar un programa de apertura de 100 nuevas universidades, se aproveche a plenitud la capacidad física y operativa instalada en las universidades autónomas estatales, universidades politécnicas y en las distintas modalidades de instituciones públicas de educación superior.

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