Crisis económica y social derivada del COVID-19 agudizó problemática para mujeres rurales

  •  Crisis económica y social derivada del COVID-19 agudizó problemática para mujeres rurales

    Foto: MNE

La crisis económica y social derivada del COVID-19 agudizó la problemática de mujeres y niñas rurales pues se enfrentan a mayores obstáculos para ejercer sus derechos ya que actualmente 6 de cada 10 mujeres rurales viven en pobreza no obstante que producen la mitad de los alimentos en las comunidades ejidales, denunció Mariana González Torres, representante del Congreso Agrario Permanente y de El Movimiento Campesino #El Capo es de Todos.

Al participar en el Foro “Hacia un Acuerdo Nacional para enfrentar la crisis organizado por la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), el Frente Amplio Social Unitario (FASU) y el Encuentro Nacional de Dirigentes (ENADI), precisó que más de 15 millones de mujeres campesinas habitan en localidades rurales y,   representan, el 34% de la fuerza laboral por lo que se estima que son responsables de más de la mitad de la producción de alimentos en México.

Señaló que de cada 10 mujeres que laboran en el campo mexicano sólo 3 reciben un pago por su trabajo, en contraste 6 de cada 10 hombres que realizan actividades agrícolas, ganaderas y forestales reciben una remuneración por su actividad.

 

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Además, las mujeres campesinas son víctimas de violencia por parte de sus esposos o parejas, así víctimas de homicidios cometidos en su contra.

En su exposición, Mariana González Torres, argumentó que “las mujeres rurales viven en condiciones de mayor discriminación y violencia; en un modelo de desarrollo patriarcal donde imperan formas de dominación basadas en el sexo. Las mujeres indígenas y rurales viven una violencia patrimonial e institucional, que las coloca en la más alta marginación”.

A pesar de que las mujeres rurales producen la mitad de los alimentos, la tenencia de la tierra representa una de sus mayores dificultades. De acuerdo con los datos del Registro Agrario Nacional, del padrón de 4.9 millones de personas que poseen núcleos agrarios, en todo el país, más de 3.6 millones son hombres lo que significa que, de cada 10 personas con derecho sobre la tierra, 3 son mujeres, señaló.

Dijo que al no ser propietarias de la tierra no pueden ser beneficiarias de programas de equipamiento, infraestructura, créditos o apoyos económicos por pagos de servicios ambientales.

Ante ello, las mujeres fueron calificadas únicamente como ayudantes en las labores agrícolas, lo que relega su toma de decisiones, de acción y participación política. En su mayoría, la tierra es de los hombres y es el Estado quien regula los derechos agrarios, acusó.

Además, apuntó la representante del CAP y de El Movimiento Campesino #El Campo es de Todos, la crisis económica y social derivada del COVID-19, vino a remarcar las ya existentes desigualdades ya que no existen programas productivos diseñados a fomentar la equidad de género.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al Ejercicio Fiscal 2020 se eliminaron o redujeron al menos 20 programas de apoyo a la mujer, como: estancias infantiles, protección de derechos humanos, prevención de discriminación y apoyo al empleo; lo que significó que les quitaron casi 2 mil millones de pesos del presupuesto federal.

Actualmente, agregó, existe la posibilidad de que algunos programas no reciban los recursos públicos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, en particular los recursos destinados a realizar acciones para la igualdad con población indígena, como los recursos dirigidos a las Casas de la Mujer Indígena (CAMIS).

Ante la problemática que vive el sector femenino rural, hizo llamado a establecer una ruta hacia un “Acuerdo Nacional para enfrentar la crisis”, con la perspectiva de género.

Pedimos a la Cámara de Diputados instrumentar proyectos productivos y esquemas de financiamiento para mujeres rurales así como analizar y modificar las limitaciones de tipo legal (Ley Agraria) y de algunos sistemas normativos internos de sus comunidades que, en la mayoría de las ocasiones, las han excluido de participar y tomar decisiones en torno del otorgamiento de recursos y financiamientos destinados a actividades productivas.

Demandó a nombre de las mujeres campesinas una legislación de la paridad de género que sea una realidad y no solo discurso. Luego cuestionó: ¿De qué nos sirven programas tan ambiciosos que no alcanzan sus metas y sólo reparten dinero?

Igualmente, hizo un llamado solidario a las organizaciones campesinas, indígenas, de la sociedad civil, sindicatos, comerciantes, empresarias, empresarios, artistas, científicos, trabajadoras y trabajadores de todo tipo, a construir un “Acuerdo de Unidad”, con base en una “nueva relación entre el Estado, la sociedad, los mercados y la naturaleza.”

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