Agresión a familiares de los 43 en Chiapas no merece "chivos expiatorios"

  • Agresión a familiares de los 43 en Chiapas no merece "chivos expiatorios"

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La Comisión Ejecutiva de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional pidió a la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero actuar y no sólo buscar “chivos expiatorios” en la agresión de que fueron objeto, ayer la caravana “en busca de los 43”, los familiares de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en Chiapas, pero si de verdad quiere actuar con firmeza la titular de Segob “mínimo debería de ser destituido el Secretario de Gobierno, Ismael Brito Mazariegos,”.

El Vocero de la CNPA-MN, Jesús Gutiérrez Valencia, expuso que el Estado “más que urgir al gobierno de Chiapas, deberían de intervenir y ejercer su autoridad moral para que cese toda represión hacia el movimiento social en general y hacia los compañeros normalistas en particular y, a la vez, asumir la responsabilidad que les corresponde en este tipo de casos, pues no es la primera vez que hay represión”.

Mientras el Gobierno Federal siga solapando los desmanes y garantice impunidad al grupo gobernante en Chiapas solo por ser del mismo partido político, casos lamentables como la represión de ayer y sus consecuencias seguirán pasando en Chiapas y es muy posible que haya daños irreversibles, sentenció el vocero de la CNPA-MN, en un mensaje a medios.

 

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Tanto la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero como el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, saben bien que el actual gobierno de Chiapas se ha caracterizado por reprimir a todos los movimientos sociales organizados que se han atrevido a exigir solución a sus demandas.

Saben de ante mano quienes han definido esa política de “contención social” en Chiapas y a nivel nacional; por un lado, la clase gobernante estatal encarnada hoy en el gobernador Rutilio Escandón y el secretario de gobierno Ismael Brito Mazariegos, y por otro lado, la “Mesa de Seguridad Estatal” que respalda esa política represora en Chiapas y en donde participan funcionarios federales, incluida la Guardia Nacional.

Si lo saben, para qué piden pomposamente la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, “una investigación exhaustiva” a sabiendas de que la autorización del uso de la fuerza pública se da en el más alto nivel del gobierno, señaló Jesús Gutiérrez Valencia.

Recordó el vocero de la CNPA-MN que en el marco de la caravana “en busca de los 43” que los familiares de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, estudiantes y organizaciones solidarias están realizando en diversas partes del país aprestaron a realizar una reunión informativa con estudiantes y organizaciones en Chiapas para tener el respaldo.

Sin embargo, el gobierno de Chiapas desplegó un operativo policiaco en las inmediaciones de la normal rural Mactumatzá como si el derecho a reunión y asociación estuvieran prohibidos. 

Los familiares de los 43 estudiantes salieron a explicar reiteradamente que solo harían reunión con organizaciones; sin embargo, los policías iniciaron la agresión y represión arrojando gas lacrimógeno, uno de los uniformados disparó contra el joven Juan Antonio quien cayó inmediatamente siendo auxiliado por sus compañeros y llevado al hospital Rojas de Tuxtla Gutiérrez, su vida está en riesgo pues tiene lesiones severas en el cráneo. 

En el mismo hospital se encuentra herida Hilda Leguideño Vargas madre del joven Jorge Antonio Tizapa Leguideño desaparecido el 26 de septiembre de 2014.

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