México requiere regular la economía digital

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Por la falta de una regulación en materia de comercio electrónico se dejan de recaudar más de 3 mil millones de pesos al año, además se crea una tendencia de noticias falsas en las plataformas digitales que representa una grave problemática.  

El presidente de TLC Asociados y vicepresidente de Síndicos del Contribuyente de Concanaco, Octavio de la Torre de Stéffano, consideró importante que en materia de comercio electrónico en México este sector tenga un marco regulatorio, a fin de evitar que se convierta en una competencia desleal para el modelo de comercio tradicional, y todos cumplan con sus obligaciones fiscales en favor de la economía del país.

Al realizar un análisis sobre la necesidad de tener un marco regulatorio para esta nueva manera de comerciar en internet, el especialista puntualizó: “Si bien las autoridades fiscales ya están estudiando e implementado programas pilotos para fiscalizar a este sector, todavía falta una regulación. 

 

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Los contenidos de plataformas como Netflix, Amazon, Mercado Libre, Airbnb y otras tantas que siguen operando sin cumplir con todas las obligaciones fiscales como las que tienen que atender el resto de las industrias y empresas tradicionales en México, deberían comenzar a ser reguladas”, enfatizó. 

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) echó a andar la resolución miscelánea que permite a empresas como Uber, retener Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto Sobre la Renta (ISR) a sus socios conductores, en un modelo parecido al diseñado por Airbnb y distintas administraciones estatales para el cobro del impuesto local al hospedaje, pero sin obligatoriedad de retención en el caso del SAT.

Sin embargo, esta medida se enfoca en los contribuyentes cautivos, los socios conductores, obligados desde siempre a reportar IVA e ISR al SAT, y evita fiscalizar las ganancias de las compañías con residencia extranjera, detalló Octavio de la Torre. 

Expuso que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de la ONU en su informe Panorama Fiscal para América Latina y El Caribe aseguró que si México les cobrara IVA a las empresas digitales como Uber, Netflix, Facebook, Apple, Spotify, Airbnb entre otras, Hacienda podría estar recabando alrededor de 3,400 millones de pesos al año.

Ejemplos internacionales, dijo, están a la vista, entre 2003 y 2011 Luxemburgo concedió ventajas fiscales a Amazon. La cantidad ascendió a 250 millones de euros en concepto de impuestos no pagados, así como otras importantes empresas como Appel que pagará 13 mil millones de euros no cobrados por Irlanda gracias a “acuerdos” fiscales ilegales. 

Por ello, indicó, en 2021 en Europa se impulsará una reforma sobre el pago de los impuestos al Valor Agregado y Sobre la Renta, vinculados con las plataformas electrónicas, porque en la comunidad europea se percataron sobre una descompensación entre los dos tipos de comercio y un incremento de envíos con bajo valor para evadir regulaciones e impuestos, lo que afecta a los empresarios nacionales y a las finanzas públicas.

Octavio de la Torre refirió que están las redes sociales y las llamadas fake news que se están convirtiendo en una grave tendencia en internet, pues al hacerse virales causan graves daños, pero sin que exista ninguna sanción para quien emite este tipo de información falsa. 

Recientemente el Gobierno de Singapur aprobó una ley que penaliza la publicación de noticias falsas, la cual permitirá a las autoridades bloquear y ordenar la eliminación de contenidos considerados apócrifos, anotó.

Esta ley, subrayó, prohibirá las falsedades que perjudiquen a Singapur o puedan influir en elecciones y requiere que los proveedores de los servicios retiren esos contenidos o el gobierno los bloqueará.

Gracias a esta ley, resaltó, quienes incumplan la normativa podrían enfrentar penas de cárcel de hasta 10 años y cuantiosas sanciones económicas.

Comentó que Mark Zuckerberg, Presidente de Facebook, incluso pidió recientemente un rol más activo de los gobiernos para la regulación de internet y comentó que es momento de actualizar las reglas para definir el alcance de la responsabilidad de las personas, las empresas y los gobiernos en el futuro.

 

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