IP confronta a AMLO por outsourcing

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    Foto: Cortesia | MNE 

La Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA), el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) declaran que la iniciativa del Ejecutivo Federal que pretende coartar la libertad de la subcontratación atenta contra la creación y preservación de empleos formales, que dan sustento a familias mexicanas.

Su aprobación en estos terminos, dañaria además seriamente a la competitividad del pais y llevaría al cierre de miles de micro, pequeñas y medianas empresas.

Por su parte, en comunicado por separado, el Gobierno Federal sostiene que el acuerdo tripartita se firmó busca solicitar al Poder Legislativo que posponga para febrero la iniciativa de reforma para regular el subcontratación, a fin de mejorarla.

 

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Por su parte la IP, negó haber suscrito el acuerdo propuesto por el Gobierno Federal en referencia a esa iniciativa, dado que preserva la idea de prohibir de manera sustancial la actividad de la subcontratación, dejándola relegada sólo a la subcontratación especializada.

También rechazó que se pretenda estigmatizar a los empresarios como los artífices del no cumplimiento de obligaciones fiscales y laborales.

La responsabilidad sustancial por las actividades irregulares que han sucedido en el pasado recae en la falta de supervisión adecuada de las autoridades como el Sistema de Administración Tributaria (SAT), la Secretaría del Trabajo, el Infonavit y el IMSS, en sus actividades de fiscalización.

Resulta absurdo que se pretenda generalizar y responsabilizar de estas conductas a todas las empresas cuando los ilícitos hayan sido cometidos, en todo caso, por una absoluta minoría.

“Queremos dejar en claro que estamos a favor de las practicas legales que favorecen la creación de empleo y promueven a inversionistas con dimensión social”.

Reiteramos nuestra disposición de mantener el dialogo abierto y franco en el ámbito del Poder Ejecutivo Federal y, en su momento, con cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión para lograr una ley que priorice nuestra posición en esta materia: Regulación sí, Prohibición no.

Este diálogo debe darse bajo las premisas de que la subcontratación, al ser una actividad lícita y conveniente, debe respetar las libertades de trabajadores y empresas para celebrar los contratos sin restricciones y como mejor convenga a sus intereses.

Esta libertad de contratación debe permitirse sin más límites que el cumplimiento de las obligaciones fiscales, de seguridad social de las empresas y desde luego, la creación de más y mejores empleos, de tal manera que los trabajadores contratados bajo esa modalidad tengan un ejercicio pleno de sus derechos.

Pese a lo anterior, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que las partes convinieron en resolver el problema del abuso de la subcontratación, en tanto que las empresas iniciarán con la regularización de sus plantillas laborales.

“El acuerdo es que se amplié el plazo de diálogo entre las partes, gobierno, sector obrero y patronal sobre este tema, porque está relacionado lo de la subcontratación con el reparto de utilidades, y en la iniciativa original no se incluyó.

El sector empresarial solicita que se trate el tema, no para quitar el derecho, que es una conquista de los trabajadores, sino que no haya discrecionalidad y se cumpla con el mandato constitucional”, afirmó el titular del Ejecutivo.

Subrayó el acuerdo general de que “no debe existir la subcontratación de manera discrecional, sin límites, y que se debe de evitar el abuso que se ha hecho.


Los empresarios no están defendiendo a quienes hacen mal uso de la subcontratación, que afecta a los trabajadores” y a la hacienda pública.

“Ellos están porque se resuelva este asunto, que se fue creando por la práctica ilegal, inmoral de despedir a trabajadores y no reconocerles sus prestaciones, sobre todo de fin de año, en este mes de diciembre.

Despiden a trabajadores sin entregarles aguinaldo ni reparto de utilidades. Hay el acuerdo de resolver esta situación y se va a buscar un mecanismo justo, equitativo, eficaz para cumplir con la obligación de entregar utilidades a los trabajadores

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