La Secretaría de Energía atenta contra la libre competencia

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El “Acuerdo por el que se emite la Política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el Sistema Eléctrico Nacional”, publicado el viernes 15 en el Diario Oficial de la Federación, es una violación flagrante al marco constitucional mexicano. A través de este instrumento, la SENER usurpa facultades de otras autoridades para manipular a su antojo las reglas del sector e incidir ilegítimamente en las condiciones de competencia y libre concurrencia. Dicho Acuerdo se publicó sin respetar el proceso obligado de consulta pública dirigido por la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER).

La medida, que entró en vigor a pesar de numerosas protestas y argumentos de expertos, autoridades, cuerpos diplomáticos y participantes de la industria, atropella los derechos de todos los participantes en el sector eléctrico nacional. No sólo discrimina a las inversiones privadas, especialmente las renovables, sino que también establece condiciones para que las autoridades arbitrariamente puedan encarecer artificialmente el precio de la electricidad y desplazar discrecionalmente proyectos de generación privados más eficientes. Como consecuencia, violenta los derechos de los inversores, de los financiadores y de los consumidores, que tendrán que pagar la energía más cara. 

La llamada “política” cambia el criterio de despacho económico o menor costo que rige en los mercados eléctricos de todo el mundo, por uno oscuro, de “confiabilidad”, con el fin de desplazar a productores privados más eficientes para beneficiar a la CFE. Este nuevo intento de consolidar a la CFE como monopolio absoluto en materia eléctrica impactaría negativamente en las tarifas que pagan los consumidores.

 

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También los proyectos de Centrales Eléctricas que SENER considere “estratégicos” (entiéndase los de la CFE) tendrán preferencia en la interconexión a la red frente a los proyectos privados, generando una fuerte incertidumbre entre los inversores y privando a los consumidores de alternativas más competitivas en precio y calidad.

Se pretende que los permisos se otorguen bajo criterios arbitrarios, que constituirían barreras artificiales en beneficio de la CFE y en contra de los inversores privados, disminuyéndose de esta forma la inversión y perjudicando la creación de empleo local y al contenido nacional.

Por último, no omitimos mencionar que la llamada “política”, al buscar realmente desplazar las plantas de energía renovables más eficientes para poner en operación las obsoletas e ineficientes plantas a base de combustóleo de la CFE, constituye un grave atentado contra el medio ambiente y la salud de los mexicanos, ya que sus emisiones contienen altas concentraciones de dióxido de azufre y partículas PM 2.5, que por su fineza son capaces de viajar largas distancias y al ser respiradas por los humanos se  incorporan al torrente sanguíneo, produciendo enfermedades pulmonares, cardiovasculares y cerebrales.

Por todo lo anterior, hacemos un respetuoso y firme llamado a la Presidencia de la República a revocar este Acuerdo en forma inmediata y a detener la destructiva campaña de arbitrariedad y manipulación informativa de la Secretaría de Energía.

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