El Ciclo de Construcción del Presupuesto Rural

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Como cada año, en los últimos días el escenario de presión en la Cámara de Diputados se volvió ha repetir. Es el ciclo perverso que año con año ocurre en la búsqueda de un mayor presupuesto para los programas dirigidos al campo, que hace evidente las fallas sistémicas que padecemos y da continuidad a un fallido proceso de adecuado direccionamiento del presupuesto.

En la debacle de la toma del recinto legislativo, son varios los argumentos que surgen al fragor de las discusiones y las negociaciones que se hacen con los grupos parlamentarios y la Secretaría de Hacienda, el más común es la falta de recursos para reasignarlos, dado que las obligaciones ineludibles que el gasto público tiene, dan un margen muy estrecho para reorientar el gasto, lo que provoca que cualquier movimiento que se haga para favorecer alguna propuesta, este tendrá afectaciones en alguno o algunos de los ramos administrativos considerados en el PEF, eso sin considerar las prioridades presupuestales que el mismo gobierno tiene.    

La lucha por el presupuesto se centra en el estrecho margen, la disyuntiva de siempre es en que gastar ese margen de recursos, que, aunque se trata de miles de millones de pesos, estos siempre son insuficientes para cubrir las necesidades que tiene el país. Cada uno de los demandantes de recursos, por lo general, tiene argumentos, muchos bien sustentados que reflejan demandas justificadas y es el gobierno, por medio de la Secretaría de Hacienda, quien da el visto bueno a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para hacer los ajustes al proyecto entregado por el Ejecutivo Federal.    

 

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Lo que se obtiene de esos ajustes, no siempre rinde buenos resultados, dado que se hacen bajo presión, no solo de los demandantes, sino también del tiempo limitado que se utiliza para revisar la propuesta del ejecutivo a partir de que esta llega al congreso y de la promulgación de la Ley de Ingresos, lo que generalmente deja un periodo de dos semanas, en promedio, para procesar, negociar, ajustar y dictaminar el proyecto que se somete a votación del pleno de la cámara de diputados, para su posterior publicación en el Diario Oficial de la Federación.       

Al observar este inadecuado proceso, la cuestión es, que debemos hacer para cambiar esta situación para mejorar los resultados en el ejercicio del gasto publico; para considerar e incorporar las prioridades, pero también las oportunidades; para hacer una adecuada e incluyente planeación; para respetar la constitución y las leyes en la materia.    

Hay que tener presente que este proceso endémico tiene su origen, entre otros, en al menos dos circunstancias. La primera es la ausencia de congruencia entre las metas y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y de los Planes Sectoriales, con los instrumentos y mecanismos para lograrlas y la planeación y asignación presupuestal.

Es decir, planeamos y establecemos metas y objetivos, asignamos las instancias y los responsables, y al final invertimos poco o nada en ello.  

La segunda es la falta de cumplimiento de algunas de las disposiciones vinculadas a la planeación democrática e incluyente del desarrollo nacional establecidas en la constitución y en distintas leyes que permiten la participación de los ciudadanos a través de diversas instancias consultivas, lo que provoca, en los hechos, que el proceso de acercamiento, dialogo y negociación con las distintas representaciones campesinas y de productores se haga en el escaso tiempo que se da previo a la formulación del dictamen de proyecto de presupuesto de egresos de la federación.

Se requiere señalar que el proceso de construcción de la política económica y presupuestal del gobierno tiene un calendario perfectamente definido que inicia el 1 de abril cuando la Secretaría de Hacienda envía al congreso los pre criterios de política económica; para continuar a finales de junio cuando la SHCP envía el proyecto de estructura programática; seguido de la entrega del paquete económico el día 8 de septiembre; el 20 de octubre la cámara de diputados aprueba la Ley de Ingresos, misma que aprueba el senado el 31 del mismo mes; el día 15 de noviembre la cámara de diputados debe aprobar el presupuesto de egresos; el 21 de noviembre todas las dependencias que operen programas con reglas de operación deben enviar su proyecto de reglas a la Secretaría de Hacienda, mismas que pasan a consulta para ser publicadas en el Diario Oficial a más tardar el 31 de diciembre del año en curso.

Una solución para frenar los exabruptos en la construcción del presupuesto rural, es la de iniciar el acercamiento, el dialogo y los procesos de planeación y construcción del proyecto de estructura programática y presupuesto, a partir del mes de abril, en la que ya existen los pre criterios que emite la Secretaría de Hacienda y las primeras evaluaciones de resultados del ejercicio presupuestal del año anterior, en donde participe el gobierno federal, a través de las dependencias que integran la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural; los gobiernos estatales, a través de la AMSDA; los órganos consultivos rurales, como el Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable; la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y las comisiones vinculadas al sector agropecuario, rural y agrario de la Cámara de Diputados y del Senado de la República. Con esto se tendrían, al menos 5 meses de trabajo para hacer una adecuada planeación y decidir de manera corresponsable el uso y asignación de los recursos públicos.

No hacerlo así, se perpetuará el modelo fallido que durante años se ha utilizado con los resultados ya mencionados, provocando el desgaste de instituciones, organizaciones y el congreso, pero sobre todo malgastando el presupuesto público.                        

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