Ley de Ingresos 2020 se enfocará a reducir huecos que facilitan defraudación

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Ante diputados, el subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Gabriel Yorio González, afirmó que frenar la evasión fiscal que asciende a 500 mil millones de pesos, permitirá fortalecer la recaudación para lograr en el mediano plazo un marco tributario equitativo que dote de más recursos al gobierno y se gaste más eficiente.

En el marco del análisis de la propuesta de la Ley de Ingresos de la Federación y el paquete económico para el Ejercicio Fiscal 2020, la Comisión de Hacienda y Crédito Público, presidida por la diputada Patricia Terrazas Baca (PAN), se reunió con el subsecretario del ramo.

El funcionario federal dijo a los diputados, que la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020 está enfocada en reducir los huecos que facilitan la evasión y elusión, y adoptar acciones específicas en materia tributaria.

 

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En este sentido, afirmó que es necesario emprender acciones específicas de administración tributaria, “antes del transitar hacia una reforma fiscal que tiene que discutirse de manera profunda con los legisladores y todos los entes económicos y políticos del país”, subrayó.

Aseguró que la captación de recursos se alinea a un marco macroeconómico responsable y diseñado para disminuir la carga fiscal de Pemex, uno de los activos más importantes, por eso es prioritario, así como seguridad y bienestar.

El gran reto en inversiones, infraestructura e inversión pública es recaudar más mediante el aumento del número de contribuyentes para tener más margen de maniobra, porque México es uno de los países que menos cobra impuestos en el mundo. En la actualidad, sólo el 13.1 por ciento de los ingresos son tributarios.

Yorio González explicó que se fortalecerán mecanismos de recaudación para facilitar el pago de impuestos contenido en las propuestas de miscelánea fiscal, “se envían iniciativas para mejorar la administración tributaria, utilizar nuevas herramientas y adaptar los avances tecnológicos, con lo que se dotará de tecnología al Servicio de Administración Tributaria (SAT), para hacer cruces de datos y mayor fiscalización”.

Se vincula, con el cobro de impuestos a las plataformas digitales, para que de manera voluntaria los retengan, mismos que están en la estructura tributaria, a fin de cerrar espacios de evasión y elusión fiscal. Sobre todo, porque la economía digital crece muy rápido, se requiere empezar a adaptar el marco normativo y la estructura fiscal a un sector en estas condiciones. Además, facilitar la retención de impuestos de vendedores independientes.

Planteó un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de entre 1.5 y 2.5 por ciento; superávit primario bajo para dar certidumbre a los mercados, inversionistas y, sobre todo, a los ciudadanos, “estamos muy conscientes del impacto que pueda tener un descarrilamiento de la senda fiscal, por eso, la queremos mantener en forma”, con un nivel de endeudamiento estabilizado.

Destacó que uno de los objetivos de la política fiscal es “mantener la deuda estabilizada”; el mandato del Presidente es que no se incremente respecto del PIB, se plantea 45.6 por ciento, aunque dependerá también de cómo se mueva el tipo de cambio.

Indicó que el manejo de la deuda está relacionado a la infraestructura y puede ser un mecanismo de política contracíclica.

“Tenemos fondos de estabilización que ayudan a captar ingresos excedentes, para utilizarse en el corto plazo, pero no están planteados con visión de mediano plazo”.

Planteó transformar ese mecanismo en uno contracíclico y fijar una meta de gasto nominal y controlar la deuda bruta, también, de manera nominal, para que cuando los ingresos sean superiores a lo esperado, se canalicen al instrumento y, cuando sean menores, se active el fondo.

Además, estipular en qué se gastará ese ahorro y manejar proyectos que impacten la actividad económica; impulsar la planeación de infraestructura y mejorar los sistemas de gestión de inversión pública, federal, estatal y municipal.

El subsecretario indicó que implicaría reformas legales “que debemos discutir de manera muy intensa con ustedes. La tenemos preparada para discutirla y fortalecer la política contracíclica del Estado mexicano”.

Al presentar una potencial reforma en alguno de los impuestos, debe haber un componente del desarrollo ambiental y ecológico, de impacto del cambio climático y financiamiento al desarrollo sustentable y sostenible. “Es uno de los criterios que deben plasmarse”, enfatizó.

Respecto a la inflación se estima, en tres por ciento; el precio del barril de la mezcla mexicana de petróleo en 49 dólares; tipo de cambio en 19. 24 pesos por dólar y la tasa de interés en 7.4 por ciento.

Aseguró que el marco macroeconómico de los criterios para el próximo año, se caracterizan por el “conservadurismo fiscal y responsabilidad al formular los grandes agregados fiscales, sobre todo en los ingresos”.

Yorio González aclaró que ante los retos y restricciones se presenta una política de ingresos plasmada en la Ley de Ingresos que “no proponen nuevos impuestos y responde a una solicitud del Presidente de la República, para mantener la estructura fiscal del país durante la primera mitad de su gestión, obviamente esto implica diseñar la mejor manera de fortalecer los ingresos durante la segunda parte de la gestión.

Los impuestos sólo se ajustarán de acuerdo con los incrementos a la inflación, ya que registraban rezagos de tres a seis años. Es una actualización por la inflación acumulada, subrayó.

Reconoció que prevalece incertidumbre para México porque no se ha ratificado el T-MEC por los tres socios, de aprobarse será un detonante que dará certidumbre a inversionistas y al intercambio comercial; la desaceleración económica en Europa, en particular en Alemania, y en Japón, más la imposición de aranceles de Estados Unidos a China, son factores que se han considerado en el diseño del paquete económico para el próximo año.

La presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito, diputada Patricia Terrazas Baca (PAN), señaló que con estas reuniones de alto nivel se busca resolver dudas y preocupaciones de los parlamentarios, y las respuestas que se brinden servirán como base para elaborar los proyectos de dictamen del Paquete Económico.

Durante el encuentro, el diputado Carol Antonio Altamirano (Morena) preguntó si el incremento en los ingresos tributarios para 2020 de 3.67 por ciento, es consistente con la expectativa de crecimiento económico y las medidas de miscelánea fiscal y si en 2020 no se utilizará el fondo de estabilización. Además, qué hará el gobierno federal para apoyar a las entidades y los municipios en caso de una contingencia que afecte la recaudación federal participable.

De la misma bancada, el diputado Benjamín Saúl Huerta Corona sostuvo que “los principales consumidores de facturas falsas son la Federación, estados y municipios generando un fraude fiscal hasta por más de 600 mil millones de pesos”. Respaldó las acciones para estabilizar la deuda pública y los esfuerzos para reducirla, para dar mayor confianza y certidumbre a la economía mexicana. Apoyó las acciones para combatir la defraudación fiscal y evasión.

La diputada Cecilia Anunciación Patrón Laviada (PAN) indicó que México requiere un sistema fiscal eficiente que permita enfrentar los retos en seguridad pública, crecimiento y desarrollo económico, viabilidad de esquemas de seguridad social. Planteó mejorar esquemas de deducibilidad de impuestos, prestaciones sociales e inversiones, ampliar la base contribuyente, y el padrón de contribuyentes, mediante esquemas de deducibilidad. Preguntó cómo se mejorarán los sistemas de deducibilidad ante los beneficios que pueden conllevar.

También de Acción Nacional, el legislador Carlos Valenzuela González apuntó que la intención de gravar las plataformas digitales encarecerá el acceso de jóvenes emprendedores, lo cual es incongruente, porque se regala cerca de 4 mil pesos al mes a jóvenes que no estudian ni trabajan, pero a los creadores de contenido se les pretende castigar con impuestos. Demandó otorgar estímulos fiscales a este sector y pidió que no se afecten los costos en estos servicios durante el sexenio.

Del grupo parlamentario del PRI, el diputado Fernando Galindo Favela preguntó si se utilizarán los fondos de estabilización de los ingresos presupuestarios del próximo año; cuántos, de los 300 mil barriles de petróleo adicionales estimados para 2020, corresponden a la parte privada; por qué los requerimientos financieros no se han modificado con el uso de los fondos de estabilización. Además, si el apoyo de 40 mil millones a Pemex afecta los ingresos de estados y municipios y qué impacto habría.

El legislador priista, Pedro Pablo Treviño Villarreal, criticó los apoyos extraordinarios a Pemex, ¿de dónde salieron los 5 mil millones de dólares que la Secretaría de Hacienda le dio? ¿Cómo se incrementará la plataforma petrolera cuando viene cayendo por décadas, por eso se aprobó la reforma energética para alentar la inversión privada, se explotarán yacimientos y se encontrarán nuevos? 

El diputado Reginaldo Sandoval Flores (PT) señaló que la SHCP ha flexibilizado su meta de alcanzar un superávit primario del orden del uno por ciento del PIB a 0.7 del PIB, lo que significa aumentar el margen de maniobra del gobierno. Preguntó cuál es el porcentaje de la deuda pública cuyos plazos se vencen el próximo año y si hay intenciones de realizar un intercambio de deuda para suavizar el perfil de vencimiento de deuda del gobierno federal en moneda local, y si en tres años no habrá nuevos impuestos, cómo se allegará más ingresos el gobierno. “La pregunta del millón sigue siendo de dónde sacamos recursos para financiar el desarrollo”.

De MC, el diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla interrogó acerca de la reestructuración de la deuda interna y la emisión de nuevos bonos, así como del techo de endeudamiento en dólares para la deuda externa. Añadió que debe anticiparse una reforma fiscal porque ya existe un diagnóstico sobre el ingreso, pues aunque no se crean impuestos para 2020, sí reproducen inequidad; inquirió cómo se ampliará la base fiscal y qué medidas adicionales se tomarán para enfrentar la informalidad.

Del mismo grupo parlamentario, el diputado Higinio del Toro Pérez preguntó sobre la reducción presupuestal de los distintos fondos que integran el Ramo 23 -Fondo Metropolitano, Fondos Regionales de Accesibilidad y el de Transporte Público para las Personas con Discapacidad- excepto para estados y municipios productores de hidrocarburos?

La diputada Adriana Lozano Rodríguez (PES) confió en que la Unidad de Crédito Público podrá proponer asignaciones eficientes que impulsen el desarrollo económico del país, generen beneficios reales, apoyen la infraestructura de estados y municipios y eleven la productividad y competitividad de las diferentes zonas. Planteó la importancia de trabajar coordinadamente para lograr los cambios que necesita el país. Dijo que derivado de la desaparición de la compensación universal se ha creado un conflicto muy fuerte en los contribuyentes y ha complicado su operación.

También del PES, el legislador Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz solicitó conocer las estrategias para generar confianza y credibilidad entre los contribuyentes para que cumplan y paguen sus impuestos con la garantía de que se usan en su beneficio, porque hay empresas que han implantado nuevas acciones para no hacerlo.

El diputado Antonio Ortega Martínez (PRD) mencionó que la miscelánea fiscal 2020 tiene aspectos sustanciales de especial gravedad y trascendencia para el sector empresarial que dotan al SAT de facultades excesivas discrecionales, sin procedimientos claros ni límites legales, lo que provocarán inseguridad jurídica y desaliento en la actividad productiva y las inversiones. Esta es una política impositiva recaudatoria y regresiva; distorsiona conceptos de la doctrina fiscal y provoca que los sectores de menos ingresos destinen mayor proporción de los mismos al pago de impuestos, administración, abogados, contadores y despachos.

Por otra parte, el subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Yorio González, señaló que se ha hecho un manejo de pasivos para retirar los bonos que van a vencer el año próximo e intercambiarlos por otros de mayores plazos. Explicó que se ha realizado una permuta cruzada que facilita a los inversionistas cambiar sus bonos en pesos, por Udibonos y otros instrumentos, para flexibilizar los portafolios.

Se diseñó una estrategia para Pemex en la que emitirá un bono a 7 días y 30 años, recomprarán los bonos que vencen en 2020 y 2021 —para lo cual se usó la capitalización que dio el gobierno por cinco mil millones de dólares— y hacer un intercambio de vencimiento temprano de bonos. Con la recompra de bonos se redujo la deuda en cinco mil millones y disminuyó la presión por refinanciamiento de Pemex en el corto plazo.

Además, “en la demanda agregada sumó cerca de 50 mil millones de millones de dólares. En perspectiva, la mitad del portafolio de Pemex prefirió tomar plazos más alargados en sus instrumentos, lo que demuestra la confianza de los inversionistas en la situación de la empresa”.

Indicó que la producción petrolera de la iniciativa privada sería cercana a los 80 mil barriles diarios en promedio. En la actualidad producen 14 mil, implica un incremento de la plataforma de 60 mil. Señaló que este año cerraremos abajo de lo que se autorizó, pero se espera que al último día del año alcance un millón 800 barriles.

En materia de exploración y producción, refirió que las empresas que están en aguas profundas pueden tardar más de 7 años en identificar si hay pozos o no, e inclusive, si se encuentran, se requieren todavía tres años más para la extracción.

Para apoyar a estados y municipios, consideró que se puede realizar mediante el Fondo de Estabilización Subnacional para dotarlos de liquidez, y los bonos cero, emitidos por Banobras, a fin de que accedan a recursos para el cierre del año. Sin descartar una solución estructural que resuelva su falta de fondos.

Propuso a los diputados definir una agenda para analizar los problemas de esos órdenes de gobierno. “Se podría repensar la forma en la que estos fondos estaban trabajando. La gran pregunta es cómo lo financiamos, porque tenemos muy poco margen de maniobra, estamos estudiando cuáles puedan ser las opciones, como deuda o buscar otro tipo de financiamiento”.

Comentó la necesidad de diseñar incentivos correctos para atender los retos, sobre todo porque las diputadas y diputados han expresado preocupación relacionada con la agenda subnacional.

Sobre el Ramo 23 del Presupuesto de Egresos de la Federación, explicó que las medidas adoptadas tienen el objetivo de eliminar la discrecionalidad en la designación de recursos; propuso definir una agenda para analizar los problemas de las entidades y municipios.

“Se podría repensar la forma en la que estos fondos estaban trabajando. La gran pregunta es cómo lo financiamos porque tenemos muy poco margen de maniobra, estamos estudiando cuáles puedan ser las opciones, como deuda, buscar otro tipo de financiamiento o diseñar mecanismos de incentivos correctos ante la preocupación de los diputados y diputadas respecto a la agenda subnacional.

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