Tema medular de la Ley de Seguridad Interior

Tema medular de la Ley de Seguridad Interior

Foto: Internet

26-01-2018

El ambiente preelectoral del país ha ocultado muchas dinámicas y procesos económicos, políticos, sociales, legislativos y judiciales en curso independientemente de las elecciones.

Por ejemplo, después de escuchar las propuestas poco pensadas y menos informadas, rutinarias o descabelladas de los candidatos presidenciales sobre la crisis de inseguridad y violencia que vive el país, lo que urge hacer es mejorar la Ley de Seguridad Interior (LSI). Quizá escudándose detrás del ruido electoral, el Congreso podría tratar de enmendar el contenido y la estrategia implícita contenida en la Ley.

Diversos actores han impugnado la Ley.  Desde organismos autónomos, partidos y municipios hasta diputados y senadores en lo individual o en grupo. La CNDH va contra 19 artículos de la Ley mientras el INAI impugnó 2 artículos por considerar que trasgreden el principio de máxima autoridad, mientras la CDH-CDMX también la cuestiona. Movimiento Ciudadano impugnó la ley por considerarla violatoria de los derechos humanos, al igual que un número importante de legisladores federales.

El municipio de San Pedro Cholula también impugnó la LSI. Su planteamiento me parece importante y va al fondo del problema. Señala que la Ley dejó fuera cualquier consideración sobre los gobiernos municipales y sus atribuciones legales. El Pacto Federal que dio luz a la Constitución diseñó expresamente el concepto de la “autonomía municipal” para el manejo y la administración de los recursos públicos y la policía a nivel local. El debate sustantivo en el Congreso Constituyente giró en torno a la definición entre dos alternativas sobre el régimen político que adoptaría México a partir de ese momento: centralista o federalista. Una vez zanjado ese tema (resuelto por mayoría de votos, no unanimidad), la Constitución se redactó fundamentada en el federalismo. El municipio libre y la autonomía municipal eran conceptos congruentes con el régimen federalista que la Constituyente había determinado.

El municipio de San Pedro Cholula se arropa con la Constitución para defender su alegato de que la LSI marginó y olvidó a los gobiernos municipales. Alega que el Congreso de la Unión ignoró un nivel de gobierno que no puede renunciar a sus derechos y obligaciones en materia de seguridad pública, según lo determina la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, al definir la política de seguridad interior al margen de los municipios, éstos quedan en la indefensión e imposibilitados de cumplir con sus mandatos legales específicos.

Es importante lo que plantea el municipio de San Pedro Cholula, porque toca un problema medular que no encuentra respuesta en la LSI. Concretamente, para combatir la inseguridad ¿requiere México un sistema de seguridad centralizado o funciona el criterio federalista? Más específicamente, ¿requiere el país una policía nacional con mando único o debemos seguir con policías municipales, estatales y federales, cada uno bajo mando propio? Con su actual espíritu federalista, la Constitución avalaría la alternativa de una policía por municipio, estado y federación, aun con mando unificado por estados.

Cada opción implica tomar decisiones específicas. Para crear la policía nacional y eliminar la fragmentación policiaca, tendrá que acordarse una nueva formulación constitucional, proponiendo un federalismo matizado con centralismo que asume esta verdad: el país es presupuestal- y fiscalmente centralizado, tiene un sistema de seguridad social nacional y un ejército nacional y las decisiones se toman en el Congreso de la Unión. Tiene muchos signos de un paciente híper centralizado.        

@rpascoep 

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Ricardo Pascoe