Dilemas de la seguridad interior

Dilemas de la seguridad interior

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04-12-2017

La crisis de seguridad nacional en México-provocada por la existencia de organizaciones anti estatales fuertemente armadas, altamente violentas y bien financiadas por el narcotráfico-es demasiado importante como para debatirla a partir de consignas. Hay tres narrativas circulando en la sociedad que impiden entender el problema cabalmente y frustran la búsqueda de soluciones viables.

La primera idea errónea postula que no se puede modificar la Constitución que consagra el federalismo como fundamento del pacto nacional, y que impide quitarles el control de los cuerpos policiacos a los municipios y los gobiernos estatales, obstaculizando la creación de una policía nacional coordinada, bien equipada y con un aparato de inteligencia propia que sustituiría a los militares en el combate al crimen organizado.

La segunda expresión equivocada es que se está militarizando al país al aprobar la ley de seguridad interior, pues no se reconoce que este combate se militarizó hace décadas y de lo que se carece es una reglamentación sobre las acciones de las fuerzas armadas para darle a la ciudadanía instrumentos para protegerse legalmente ante abusos.

La tercera concepción, la más aberrante de todas, es la que acaba de proponer AMLO como su método para “pacificar” al país: perdonar a todos los criminales, sin estipular a cambio de qué compromisos, lo cual refleja nula seriedad. Es lo mismo que propuso Peña Nieto al inicio de su sexenio, cuando ofreció tratar el problema del narcotráfico como un problema social, no criminal, y empezó el retiro de las fuerzas armadas del combate a los grupos armados, queriendo expulsar las oficinas anti drogas de Estados Unidos del país. El enfoque peñista, envuelto en un falso “nacionalismo”, fracasó porque deja al país con un problema de seguridad mayor al que heredó, pues nunca entendió la penetración del crimen en las estructuras sociales nacionales. La propuesta de AMLO padece el mismo defecto. El parecido entre PRI y Morena, sin embargo, ya no nos debiera sorprender.

Ninguna fuerza política se atreve a plantear arrebatarles a los municipios y  estados el manejo de sus policías locales. Para hacerlo, habría que transformar el concepto de federalismo en la Constitución para permitir la creación de una policía nacional, no federal, capaz de enfrentar al crimen organizado sin el apoyo militar. Pero como el Congreso no se atreve a cambiar ese concepto, se restringe al Plan B: reglamentar la intervención militar en asuntos internos. Decidió que era preferible reglamentar las actividades militares en el combate al crimen organizado, que darle al país una solución de fondo. No es la mejor solución, pero dada las circunstancias apremiantes de la violencia creciente a nivel nacional, es la única opción abierta ahora.

Para regresar las fuerzas armadas a sus cuarteles es necesario crear una fuerza policiaca nacional capaz de enfrentar, contener y derrotar a los grupos irregulares que operan en todo el país. La ley de seguridad interior no resuelve ese problema. Reglamenta las actividades que vienen desarrollando los militares desde hace décadas en el combate al crimen organizado, como lo hicieron anteriormente contra las agrupaciones guerrilleras que operaron en México en décadas anteriores. La ley no militariza más al país de lo que ya está, sino que define los límites de  las actividades militares legítimas, las reglamenta y establece castigos en el caso de cometer abusos contra civiles indefensos durante el ejercicio de sus funciones.           

@rpascoep

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Ricardo Pascoe