Quiebre del sistema político

Quiebre del sistema político

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03-03-2017

 

En su libro La Historia del Narcotráfico en México, Guillermo Valdés  Castellanos maneja un relato paralelo, pero necesario, a su narrativa central: el de la asociación de políticos con el crimen organizado. Describe como empezó esa relación con la aparición del narcotráfico en México, cuando gobernadores norteños perseguían a la comunidad china para hacerse del negocio del opio, hasta la negociación de la Dirección Federal de Seguridad con el Cártel de Sinaloa y los avatares de salinato. En la actualidad, existe una confirmada asociación de cuerpos policiacos de todos los niveles y de elementos de las fuerzas armadas con diversos cárteles. Además, hay congresistas ligados al narco cuya función es promover legislaciones que favorezcan la continuidad del negocio e impedir las que pudieran afectarlo negativamente.   

Hoy, la relación entre política y narcotráfico sigue siendo incuestionable. Al discutir la Ley de Seguridad Interior, también debe verse como un ejercicio para medir el alcance y la fuerza de los intereses del narcotráfico en el poder legislativo. Al narcotráfico no le conviene la adopción de la iniciativa porque le allana el camino a las fuerzas armadas para intervenir con mayor discrecionalidad de fuego en el combate a sus organizaciones. Por tanto promueve retrasar o impedir su aprobación. Desde 2004 así ha sucedido, con cuestionamientos legítimos sobre derechos humanos y el equivocado despliegue del ejército o por mañas legislativas para lograr su congelamiento.

Recientemente Gobernación ha emitido dos pronunciamientos reveladores sobre el tema. En uno afirma que la Iniciativa Mérida está en una “fase terminal”, sugiriendo con ello la posibilidad de una ruptura del Estado mexicano con los órganos de seguridad de Estados Unidos en materia de combate al crimen. En otro amenaza con castigar presupuestalmente a los estados y municipios que no entrenan mejor a sus policías y que no aceptan mayor coordinación. Aparentemente la política de seguridad del gobierno federal es la de eludir la colaboración/presión del exterior y suplicar algún tipo de cooperación interior.

El dilema parte de que las fuerzas armadas realizan tareas de policía que no les corresponde por ley, pero que no existe una fuerza policiaca capaz de sustituirlas. Adicionalmente, las fuerzas armadas no están preparadas para lidiar con la población civil, pues su entrenamiento indica usar la fuerza primero y averiguar después, contraria a la lógica policiaca. Sin embargo, no existe una policía profesional, capacitada y bien adiestrada en México porque históricamente la clase política no ha querido ni permitido su creación. Y no existen indicios de que esa resistencia política a la conformación de una fuerza policiaca articulada, ni con mando mixto, vaya a cambiar pronto. Por este bloqueo político no tendremos, en el futuro próximo, una fuerza policial capaz de sustituir a las fuerzas armadas en el combate al narcotráfico.

La razón es que hay autoridades federales, estatales y municipales que no quieren ceder el control que mantienen sobre sus  policías. Se justifica por ser el último resquicio de autonomía política y administrativa que consagra la Constitución federal. Se han negado incluso a aceptar formas de coordinación operativa y de inteligencia cuando se enfrentan al crimen organizado. Optan por sus acuerdos particulares con el narco. Este es el punto del quiebre sistémico de México. Es la inevitable confluencia letal de poder, corrupción, impunidad, violencia y crimen. La Ley de Seguridad Interior está atrapada en este laberinto.

@rpascoep

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Ricardo Pascoe