En mi nombre no hablan…

En mi nombre no hablan…

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13-03-2017

Fue una sorpresa para todo el mundo que surgieran tantas impugnaciones a la recientemente aprobada Constitución de la Ciudad de México, excepto la de Morena: éste la había anunciado desde las deliberaciones de la Constituyente. Pero, ¿la Presidencia de la República, la PGR, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Senado de la República, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, el Partido Nueva Alianza? Más las que se acumulen en la semana. Obviamente no ha habido tiempo para estudiar el contenido de las impugnaciones, a fin de evaluar su validez y confirmar su intencionalidad última. Falta esa parte crucial del proceso de análisis para entender el calibre del problema que tenemos en frente.

Lo que sí se puede concluir, sin prejuzgar, es que múltiples instancias de poderes constituidos de la República consideran que los redactores de la Constitución no cuidaron la definición federal de la separación de facultades e invadieron indebidamente, quizás con conocimiento de causa, responsabilidades de áreas de gobierno que no le compete definir en un ordenamiento local.     

¿Fue producto de impericia jurídica o de la pretensión de esquivar la Constitución federal para fundar una república nueva en la Ciudad de México? Por lo pronto, las voces de Dolores Padierna, Raúl Flores, Porfirio Muñoz Ledo y Alejandro Encinas, en sintonía con Miguel Ángel Mancera, coinciden en denunciar, vociferantes, las impugnaciones a contenidos de la Constitución y las consideran un ataque a la población de la ciudad. Esto último, porque todos ellos se autodesignaron voceros de la población capitalina, creyendo que su voz representa la opinión válida y única de la ciudad. 

Coinciden en señalar que las impugnaciones son una “traición” y “golpismo de los años ochenta”, cuyo objetivo último es rechazar los cambios hechos al Poder Judicial de la ciudad, además de cuestionar diversos derechos. Llama la atención el conflicto de estos voceros con  integrantes del Poder Judicial de la ciudad, habida cuenta que el PRD lo ha controlado y corrompido durante los veinte años que ha gobernado la ciudad. ¿Cuál es la naturaleza del conflicto entre el jefe de Gobierno y los Magistrados del TSJ, que se ha llegado a este punto de ruptura entre ellos? De entrada no es un conflicto entre modernos y retrógradas, como lo definen los autodesignados voceros del “pueblo”. Es un conflicto entre intereses burocráticos de las castas dominantes de la ciudad que pugnan por controlar cotos de influencia, especialmente en torno al modelo de desarrollo urbano de la ciudad y sus relaciones con centros de poder económicos tanto nacionales como internacionales.

Como lo etiquetaría los chinos, la Banda de los Cinco representa intereses políticos y económicos inconfesables que encubren con una retórica democrática y supremacista para no tener que explicar nada en concreto. ¿Hablar del golpismo de los años ochenta explica algo de lo que aquí acontece? ¡Por supuesto que no! El procedimiento mismo para la aprobación del documento constitucional fue absolutamente antidemocrático, con muchos constituyentes nombrados por dedazo, como lo fueron los mismos de la Banda de los Cinco. La crisis empieza por cuestionar la legitimidad del documento mismo.

La ciudadanía capitalina se encuentra completamente al margen de esta disputa entre castas políticas peleando, incluso, los resultados de las elecciones de 2018. Todos podemos afirmar: ¡en mi nombre no hablan!   

@rpascoep

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Ricardo Pascoe