Contradicciones en la planeación urbana

Contradicciones en la planeación urbana

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27-02-2017

La nueva Constitución Política de la Ciudad de México estipula la creación del Instituto de Planeación Democrático y Prospectiva cuyas funciones define de la siguiente manera, en su Artículo 20: “El Plan General de Desarrollo será elaborado por el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva…Su vigencia será de veinte años…”. Además, “El Programa General de Ordenamiento Territorial…será elaborado por el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva…”. El Instituto elaborará información estadística sobre la ciudad, creará un sistema de indicadores y elaborará dictámenes técnicos para la actualización de los usos de suelo, integrará instrumentos para la planeación de la Zona Metropolitana del Valle de México, convocará a la participación ciudadana en la planeación y verificará la congruencia entre presupuesto y programas de gobierno, coordinándose con las alcaldías.

Los redactores de la Constitución votaron por crear un sistema de planeación de largo plazo en la ciudad. El Instituto se conformará con personalidades de los sectores académico, cultural, social y económico de la ciudad. Pretende ser, como lo dice la Constitución, un instrumento de “planeación democrática”.

Es de aplaudirse la intención de elevar a rango constitucional tanto la participación ciudadana como la planeación democrática en una visión robusta de ordenamiento urbano, tal y como lo plantea la Carta Magna recientemente aprobada. Es especialmente de aplaudirse que haya sido una propuesta contenida en el documento que presentó el jefe de Gobierno a la Asamblea Constituyente.

Pero precisamente en razón de ello, salta a la vista una contradicción en la esencia de la propuesta de planeación urbana del actual gobierno capitalino. Resulta que a finales del año pasado, justo cuando sesionaba la Asamblea Constituyente y discutía la necesidad de planeación democrática, el jefe de Gobierno entregó a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal el proyecto de Programa General de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México 2017-2030. A pesar de haber dispuesto una logística precisa para estos menesteres de planeación urbana del largo plazo en la Constitución, el gobierno local se apresuró a presentar un proyecto que no ha sido consultado públicamente de forma suficiente y amplia, buscando su aprobación acelerada.  ¿Cómo explicar ésta contradicción?

La propuesta contenida en el proyecto de PGDU-CDMX contiene varios problemas graves que fundamentan objeciones al método apresurado usado para su aprobación. En esencia, parte de una concepción de la ciudad que prioriza la redensificación acelerada del suelo urbano, en función de intereses inmobiliarios, minimizando la situación de la ciudadanía de ingresos medio-bajos y bajos. En los hechos, legaliza la gentrificación de vastas zonas de la ciudad, con un modelo urbano excluyente y arribista, en vez de contemplar la inclusión e integración de la diversidad socio-económica capitalina. Por último, el modelo ha sido discutido y aprobado en corto entre grupos de interés, pero sin un instrumento sistemático de inclusión de consulta amplia y popular.

Este modelo significó el desconocimiento del proceso contenido en la Constitución, y no deja de tener un claro sabor a albazo, justamente para evitar el tipo de consulta que ese nuevo instrumento ha creado. Incluso, la discusión pública sobre la legalización del concepto de propiedad pública-propiedad privada-plusvalía se distorsionó debido a la falta de congruencia conceptual en el entendimiento de la planeación urbana, fuera de los intereses particulares desarrollistas.

@rpascoep

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Ricardo Pascoe