¿Cómo regresar el ejército al cuartel?

 ¿Cómo regresar el ejército al cuartel?
17-02-2017

 

El debate sobre la iniciativa de ley sobre “seguridad interior” es positivo y, sobre todo, indispensable. Es tan necesaria que deben escucharse todas las voces-nacionales e internacionales-para contar con una ley que le represente dignamente al país. Para que logre esa utilidad, debe asegurarse que defina con claridad cuáles son los intereses que pretende proteger. Algunos de esos intereses serían definidos en los siguientes términos.

En primer lugar, la ley deberá definir la especificidad de la función estratégica que les corresponde en materia de seguridad tanto a las fuerzas armadas así como a los cuerpos de la policía. Este es el corazón del debate, pues lo que ha hecho necesaria la ley y el marco reglamentario es la realidad de que las fuerzas armadas están realizando actividades que corresponden, en el marco de la ley actual, a las fuerzas policiacas de México.

Históricamente, esa sustitución de las funciones policiacas por las fuerzas armadas en el combate al crimen organizado se ha dado debido a dos factores condicionantes, primordialmente. Primero, la existencia de cuerpos policiacos dispersos (cada municipio del país tiene una policía propia, además de cuerpos estatales y organismos federales) sin entrenamiento, inteligencia ni equipamiento adecuados, y los gobiernos federales consecutivos han sustituido esas funciones con el ejército y la marina. Segundo, los gobiernos municipales y estatales se han negado a entregar las funciones policiacas a autoridades centrales, alegando el régimen federalista que ampara la Constitución, por lo que la sustitución en el combate al crimen organizado por cuerpos  policiacos con entrenamiento, equipo y sistemas de inteligencia no ha sido posible.    

Por tanto, en materia de seguridad pública y nacional, México vive una situación de excepcionalidad. Esto se define cuando las fuerzas armadas cubren las funciones de la policía de manera excepcional debido a las resistencias de autoridades estatales y locales a que así suceda, combinado con su incapacidad real a cubrir esas funciones.  El alcance de esa situación se define, en el tiempo, por el momento en el que exista un cuerpo policiaco nacional capaz de enfrentar al crimen organizado en todas sus manifestaciones. ¿Cuándo será ese momento? Cuando las autoridades estatales y locales aceptan ceder el control absoluto sobre sus feudos policiacos y crear cuerpos regidos por instrumentos institucionales legales, con pleno respeto a los derechos humanos, según los definen las Naciones Unidas.

La ley de seguridad interior deberá contener, para ser consensado y aplicable, una respuesta clara a este dilema del sustitucionismo de la función policiaca por las fuerzas armadas. ¿Cómo regresar a las fuerzas armadas a los cuarteles cuando no existe una fuerza capaz de sustituirlo en la función de combate al crimen organizado, en todas sus facetas y expresiones? Y, ¿por qué no existe, después de tantos años, esa policía capaz de sustituir al ejército? Incluso, el debate sobre la letalidad de las fuerzas armadas en sus prácticas de combate al crimen organizado tendrá solución en la medida en que el marco legal establece claros parámetros de medición y aplicabilidad de criterios para su control, incluyendo criterios claros sobre el respeto a los derechos humanos.  Si la ley de seguridad interior no atiende éstas preguntas básicas, quedará como otro instrumento más, ineficaz frente al reto del crimen organizado y siempre bajo sospecha.   

@rpascoep

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Ricardo Pascoe