Guardia Nacional no garantiza terminar con la impunidad: CNDH

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El Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos aseguró que desde la perspectiva de los derechos humanos, la propuesta para la Guardia Nacional no es pertinente ni viable, ya que no garantiza ni contribuye sustantivamente a terminar con la impunidad, debilita la institucionalidad civil y democrática.

Además contraviene sentencias, principios, recomendaciones y criterios formulados por instancias internacionales en materia de derechos humanos que nuestro país está obligado a cumplir, al regularizar la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública o poner la misma a cargo de en cuerpo de franca naturaleza y carácter militar.

Por ello alertó que es motivo de preocupación el nuevo papel que, como consecuencia del replanteamiento de la Guardia Nacional, se pretende dar a las Fuerzas Armadas, al asignarles tareas de obra pública, adquisiciones y otras funciones ajenas a las que constitucionalmente tienen encomendadas, con lo cual incrementan no solo su presencia en labores tradicionalmente reservadas a las instituciones civiles, sino sobre todo su poder político y económico, lo cual generaría el riesgo de reducir los incentivos para que, una vez superada la situación de emergencia por la que atraviesa el país, renunciaran a tales atribuciones en favor de las autoridades e instancias civiles, perpetuando así una situación atípica que en nada beneficia al fortalecimiento del Estado Democrático de Derecho.

 

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En lo que toca a la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, este Consejo Consultivo considera que las modificaciones planteadas al artículo 19 de la Constitución Federal son un contrasentido a la reforma al sistema de justicia penal en detrimento de los derechos fundamentales de las personas y del diseño normativo que aún se encuentra en proceso de implementación.

Lejos de buscar la ampliación de este catálogo de delitos, el papel de las distintas autoridades tendría que buscar el fortalecimiento de las treinta y tres fiscalías generales de justicia mediante el ejercicio de una autonomía plena y efectiva y a través de la capacitación y formación de los operadores del sistema en todos sus niveles jerárquicos y de responsabilidades.

De igual manera, resulta conveniente hacer más eficiente el uso de las medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva actualmente consideradas en la legislación nacional.

El Consejo Consultivo reiteró su llamado a las Cámaras del Congreso de la Unión para que en la formulación de marcos normativos y constitucionales se apeguen a lo establecido en el artículo 1° de la Constitución General y en los distintos tratados y convenciones de los que México forma parte, bajo el principio de progresividad. En la construcción de políticas públicas y estrategias para el fortalecimiento de la seguridad pública, los derechos humanos no pueden ser ignorados y los mismos deben observarse como pieza fundamental y eje central en el fortalecimiento de la vida democrática nacional.

Ante toda esta situación exhortó al Congreso de la Unión para privilegiar el respeto y protección de los derechos humanos en las modificaciones constitucionales que han sido planteadas en materia de creación de la Guardia Nacional.

Del mismo modo pide analizar lo correspondiente a la ampliación del catálogo de delitos que ameritan la prisión preventiva oficiosa, emprendiendo una revisión integral y objetiva de la problemática existente en materia de inseguridad, violencia e impunidad, en lugar de privilegiar soluciones parciales y de carácter reactivo, sustentadas en el uso de la fuerza o la restricción de derechos, como las antes mencionadas.

Esta instancia colegiada llama la atención sobre la necesidad de que las modificaciones normativas que se realicen y las políticas públicas que con base en ellas se diseñen, estén sustentadas en información objetiva y verificable al margen de coyunturas o agendas políticas.

Por lo que hace a la Guardia Nacional, es necesario establecer una ruta dual que permita a las fuerzas armadas continuar realizando labores de seguridad pública de manera excepcional y temporal, a la vez que se fortalezcan las capacidades técnicas, operativas, legales y estructurales de las policías e instituciones civiles en los diversos órdenes de gobierno. 

 

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