Senadores piden que se ratifique al Secretario de Seguridad Ciudadana

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    Foto: Cortesía|MNE

En el 2017 se registraron 25 mil homicidios dolosos, por lo que es catalogado como el año más violento de las últimas 2 décadas, explicó al Pleno el senador Antonio Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del PAN.

Sin embargo, el 2018 se perfila para rebasar las cifras del año pasado, detalló que de enero a agosto hubo 18 mil 835 homicidios dolosos, lo que se traduce en 17.6 por ciento más que en el mismo periodo del 2017.

Abundó en que, además, actualmente están desaparecidas más de 37 mil personas, de acuerdo a datos del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México.  

 

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A nombre de su Grupo Parlamentario presentó una iniciativa para reformar los artículos 76 y 89 de la Constitución, para otorgar al Senado la facultad de ratificar el nombramiento del Secretario de Seguridad Ciudadana, realizado por el Presidente de la República.

Expuso al Pleno que es de vital importancia que la designación se realice bajo el modelo de responsabilidad compartida entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, como se hace actualmente con los nombramientos diplomáticos, de los titulares de órganos autónomos, los grados militares y el del Fiscal General de la República.

“Porque la naturaleza e importancia de las funciones desempeñadas por dichos servidores públicos, requieren de un mayor grado de reflexión para garantizar que las personas nombradas sean las más adecuadas e idóneas”, dijo.

Refirió que el proyecto de modificación tiene tres ejes prioritarios: la protección de las personas, garantizar los derechos humanos y fortalecer la participación ciudadana.

Finalmente, señaló que fue un error desaparecer la Secretaría de Seguridad Pública, y trasladar sus atribuciones a la Secretaría de Gobierno; “siempre que la inseguridad se ha analizado desde una visión política no ha funcionado, y hoy estamos viendo los resultados”, apuntó.

La iniciativa del Grupo Parlamentario del PAN fue turnada a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos para su análisis y dictamen.

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