Unicef pelea por derechos de jóvenes infractores

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Los actos de violencia institucional contra adolescentes revelados por los resultados de la Primera Encuesta Nacional de Adolescentes en el Sistema de Justicia Penal (ENASJUP) 2017 son inadmisibles en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño, señaló el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF

La organización hizo un llamamiento urgente a las entidades de seguridad pública, procuración de justicia y demás autoridades responsables de la protección de los derechos de la infancia y la adolescencia a reflexionar sobre los resultados de esta importante encuesta publicada por el INEGI y a tomar todas las medidas necesarias para poner fin a la violencia física y psicológica que reportan haber sufrido la mitad de las y los adolescentes sujetos, particularmente al momento de su detención.

El Representante de UNICEF en México, Christian Skoog, señaló que el contar con una encuesta que visibiliza la situación de los adolescentes en el sistema penal mexicano y da a conocer información muy relevante en torno a la aplicación del sistema de justicia para adolescentes y las diversas situaciones que enfrenta esta población, muchas veces olvidada y poco atendida, constituye un avance importante para el país, pero resaltó también que “los datos e información revelados muestran desafíos persistente y situaciones graves que deben ser atendidos por las autoridades competentes con carácter urgente.”

 

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De acuerdo al análisis de UNICEF, las siguientes situaciones presentes en la encuesta son altamente preocupantes:

Alto porcentaje de adolescentes que han sido víctimas de violencia física y psicológica dentro del sistema penal, particularmente al momento de la detención (violencia psicológica 68.8%  y violencia física 50.2%).
Alto porcentaje de adolescentes que han sido víctimas de un delito dentro del Centro de Internamiento (31.3 %).
Experiencias de corrupción sufridas por las y los adolescentes a lo largo de su paso por el sistema de justicia penal (170 de cada mil adolescentes declaró haber sido víctima de corrupción).
Alto porcentaje de mujeres adolescentes en el sistema penal que han estado embarazadas (46.7%). 

UNICEF señala también que la encuesta muestra los avances que ha tenido la implementación del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, entre los cuales la organización resalta:

Predominancia de las sanciones no privativas de la libertad (65%) frente a las sanciones privativas de libertad en Centros de Internamiento (17.2%).
Alto porcentaje de adolescentes que cuentan con sentencia (82.2%).
Reducción en la duración de las sanciones privativas de la libertad (41.2% sanción entre 1 y 3 años y 35.5% sanción entre 3 y 6 años).
Porcentaje de adolescentes que conocen su plan individualizado de ejecución de la sanción (77.7%).

Aunque en la mayoría de los casos se respetaron algunos de los derechos y garantías procesales de las y los adolescentes (recibieron información sobre el delito del que se les acusaba, se resguardó su identidad, se les dio acceso a solas a su abogado/a, se los mantuvo separados de los adultos, y se les permitió comunicarse con sus padres, tutores o personas de confianza), aún se observan porcentajes altos (en algunos casos hasta del 34.2%) de adolescentes que no han tenido acceso a  estos derechos durante su detención y presentación al Ministerio Público.

“Los resultados de esta encuesta confirman las situaciones de exclusión, falta de oportunidades, violencia y vulneración múltiple de derechos a las que están siendo expuestos a lo largo de su vida la mayor parte de los adolescentes que ingresan al sistema penal mexicano, así como los desafíos que presentan los sistemas de justicia.  Desafíos que, como se puede apreciar en la encuesta, lejos de propiciar la reintegración de las y los adolescentes a la sociedad, frecuentemente generan nuevas situaciones de violencia y exclusión”, señaló Christian Skoog.

“Desde UNICEF consideramos muy importante seguir invirtiendo en la capacitación y especialización de la policía, del ministerio público y demás autoridades que intervienen en el proceso, e investigar y sancionar cualquier acto de violencia en contra de las y los adolescentes en el sistema de justicia”.

UNICEF insistió también en la importancia de seguir trabajando en el fortalecimiento del Sistema Integral de Justicia para adolescentes y de otros mecanismos de denuncia y respuesta a la violencia, como lo son la intervención de las Procuradurías de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y otros actores del Sistema de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el fin de atender y erradicar las situaciones de violación de derechos que revela la encuesta del INEGI y generar políticas acordes que permitan dar mejores oportunidades para este importante sector de la población.

 

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