ONU llama a presidenciales a construir una agenda integral de igualdad de género

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México ha firmado y ratificado los principales instrumentos internacionales vinculantes en materia derechos humanos, y ha asumido responsabilidades para el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de las mujeres en todos los ámbitos de la vida, como la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y las recomendaciones generadas por los órganos encargados de su vigilancia. De igual forma, el Estado mexicano cuenta con una sólida legislación tanto federal como estatal, y ha puesto en marcha programas y políticas públicas que buscan garantizar los derechos de las mujeres.

No obstante, los datos muestran que aún hay enormes desafíos:

En México, 6 de cada 10 mujeres de 15 y más años han sufrido algún tipo de violencia a lo largo de sus vidas; [1]en promedio 7.5 mujeres son asesinadas al día en México;[2] nunca ha habido una Presidenta de la República, sólo tres mujeres son Secretarias de Estado a nivel Federal, y sólo 2 de 11 Ministros de las Suprema Corte de Justicia de la Nación son mujeres; la brecha salarial en el país entre mujeres y hombres, en 2016, fue de 16.5%[3] y el 56.7% de las mujeres que trabajan tienen empleos informales[4] y, de los 2.4 millones de personas que se dedican al trabajo doméstico en el país, 90% son mujeres y 99% de ellas, trabaja en la informalidad.[5]

 

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Con el fin de garantizar una agenda integral en materia de igualdad de género, agencias de Naciones Unidas, el pasado 7 de junio, hicieron llegar una carta a todos los candidatos a la Presidencia invitándoles a que incluyeran en sus campañas electorales y, en caso de resultar electos, también a incluir en su programa de gobierno, los estándares, programas y políticas necesarias para garantizar los derechos de las mujeres y las niñas en México, y a que desarrollen con amplitud y formalidad las siguientes acciones:

Poner fin a la violencia contra las mujeres y niñas, tanto en el ámbito público como privado, en los hogares como en los centros de trabajo y espacios públicos, y reconocer el efecto diferenciado que la violencia y la inseguridad genera en las mujeres y niñas con el objetivo de desarrollar políticas efectivas para su protección y atención integral.

Necesario garantizar el pleno acceso de las mujeres y las niñas a la justicia, para que ésta sea expedita, efectiva y con perspectiva de derechos humanos y de género.

También, garantizar el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y las adolescentes, a través del acceso universal y sin discriminación, a servicios de calidad y disponibles, así como de la educación integral de la sexualidad a lo largo de su educación escolar.

Al igual q que todas las niñas y adolescentes asistan a la escuela y reciban educación de calidad, previniendo así el trabajo infantil que mina el desarrollo del país.

Implementar acciones para poner fin a las distintas manifestaciones de la pobreza que tiene un efecto diferenciado en las mujeres e incluirlas en la toma de las decisiones de políticas públicas que buscan erradicarla.

Asimismo, fortalecer el empoderamiento y liderazgo de las mujeres rurales e indígenas para la erradicación de todas las formas de malnutrición y el logro de sistemas agroalimentarios sostenibles en el marco de los derechos de las mujeres a la tierra, la tecnología, la capacitación y los recursos naturales y productivos.
Invertir en más y mejores servicios públicos sensibles a las necesidades de las mujeres y niñas, y formular políticas de protección social que reconozcan y valoren los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados.

Impulsar la participación de las mujeres en el ámbito económico y en trabajos decentes, y ratificar el Convenio 189 de la OIT sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos y propiciar que su contenido se haga efectivo.

Promover el ascenso, el liderazgo y la participación política de las mujeres, a través de la integración paritaria del gabinete y la formulación de propuestas de designación a otros Poderes y órganos públicos.

Implementar de manera efectiva las recomendaciones que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer dirigirá al Estado mexicano con motivo de la revisión periódica que se realizará en julio de 2018.

Finalmente, las agencias firmantes, hacen un llamado a los candidatos presidenciales a considerar una agenda integral en materia de igualdad de género y propuestas específicas en torno al cumplimiento de las obligaciones de las que es parte el Estado mexicano. 

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