Buscan evitar desvíos de fondos y lavado de dinero

  • Buscan evitar desvíos de fondos y lavado de dinero

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El diputado Cesáreo Jorge Márquez Alvarado (PVEM) promueve reformas y adiciones a la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, para evitar desvíos de fondos, lavado de dinero, autobeneficio y malos manejos de esas agrupaciones.

Reconoce en el documento que, si bien son fundamentales para el desarrollo y mejora del país, y pilares de cambios sociales, “sigue siendo latente que asociaciones civiles se desvían de sus objetos sociales”.

Por ese motivo, considera imperativo reformar este ordenamiento, a fin de regular sus actividades y facultar a la Federación y los gobiernos estatales y municipales para la correcta aplicación de la ley, evitar malos manejos de esas organizaciones en todos los niveles y prevenir que lucren con el desarrollo social, la necesidad de la gente, el apoyo de iniciativa privada y los apoyos gubernamentales.

 

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Reconoce que el Estado se ha retirado de la atención del bienestar social y las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) cumplen una función supletoria, por lo que se convirtieron en sujetos de financiamiento público de programas gubernamentales.

Además, continúa, “se les considera protagonistas de una nueva forma de gobierno, la gobernanza; se les convoca a integrar consejos consultivos en dependencias gubernamentales, en los que supuestamente se definen políticas públicas y programas; se invita a los dirigentes a incorporarse en la conducción de programas de gobierno, sobre todo de contenido social, y son agregados como candidatos ciudadanos a puestos de representación popular”.

Sin embargo, apunta que sus modelos de organización se apegan a criterios administrativos, no de equidad entre sus integrantes, “aun cuando pregonan la igualdad”. Incluso, la filiación a una OSC no radica en la voluntariedad, el interés y conocimiento de los fines del organismo, sino en relaciones de amistad y compadrazgo que “mantienen formas disimuladas de trabajo remunerado, de interacción clientelar con instituciones y formas veladas de promoción político electoral”.

Respecto a su autonomía, existe “un sistema de control estatal muy definido para mantener la subordinación de las OSC”; además, los mecanismos de registro permiten que los gobiernos las conozcan, regulen y conviertan en apéndices de dependencias y programas oficiales y “la mayoría de las OSC del Estado optaron por registrarse para acceder a financiamiento y apoyo”.

En cuanto a la procedencia de los recursos de las organizaciones, afirma que dependen del financiamiento público y de la esfera política que tradicionalmente alimentaba y financiaba, “por debajo de la mesa”, las actividades de los grupos que les servían.

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