DH no se garantizan en México: Graue

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Aunque México cuenta con un marco normativo privilegiado en materia de derechos humanos, todavía estamos lejos de lograr su respeto, que éstos se cumplan, señaló el rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers.

Esto debido a que la aplicación de la norma es precaria y el Estado de derecho está quebrantado, dijo al participar en el cuarto foro de debate Derechos Humanos y Justicia en México. Entre lo que dicta la letra y lo que se vive en las calles.

Entrevistado al término del encuentro, el rector informó que a principios de mayo la Universidad Nacional y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) entregarán a los candidatos a la Presidencia sus propuestas para que durante los próximos 10 años la matrícula en este nivel educativo se incremente del 37 al 45 por ciento. Ello implica aumentar la inversión en infraestructura y mejorar las plazas para profesores, entre otros aspectos.

 

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De igual forma, la UNAM y otras 67 instituciones dedicadas a la investigación, la ciencia y la tecnología les harán llegar un documento a las distintas coaliciones para demandar que se siga fortaleciendo la investigación en las entidades, se incremente la inversión y se cumpla con el mandato de destinar el uno por ciento del producto interno bruto (PIB) a estos sectores.

En el auditorio del Centro de Información de la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) unidad León, Graue recordó que en 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó un informe en el que señaló que el mayor reto para nuestro país es cerrar la brecha entre su legislación y la realidad que viven los mexicanos.

Y retomó algunas cifras alarmantes del reporte: ese año había más de 30 mil desaparecidos y hasta noviembre de 2017 no existía una ley en materia de desaparición forzada.

De igual forma, el 77 por ciento de las personas investigadas por cometer un delito presentaba muestras de posible tortura por parte de las autoridades. En el caso de las mujeres, acotó el rector, hay una incidencia recurrente de violencia sexual. “Pese a este uso desmedido de la fuerza para combatir el crimen, más del 95 por ciento de los delitos denunciados permanece impune”.

Por ello, Graue Wiechers destacó que es pertinente hablar de los derechos humanos y celebró el diálogo público, el rigor académico y la deliberación de los expertos. Asimismo, expuso a los jóvenes asistentes al foro, que es a ellos a quien toca exigir su cumplimiento.

En su oportunidad, el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, coincidió en que la reforma de 2011, que incluyó a los derechos humanos en la Carta Magna, hizo que como nunca éstos tengan un reconocimiento jurídico amplío, pero “es preciso eliminar los obstáculos entre las normas y la sociedad para lograr que los derechos, su respeto, defensa y garantía, formen parte de la realidad cotidiana de las personas”, aseveró.

Mario Luis Fuentes Alcalá, titular de la cátedra extraordinaria Trata de Personas de la UNAM, e integrante de la Junta de Gobierno, expuso que los 30 mil desaparecidos en el país reflejan una situación de horror en materia de derechos humanos y que no se ha establecido una estrategia transversal para que el Estado garantice su cumplimiento.

Las leyes generales y secundarias no se han actualizado para poner en el centro a los derechos humanos, y éstos tampoco están en el centro de las plataformas de las diversas coaliciones que buscan la Presidencia de la República.

La directora de la Revista Perfiles Latinoamericanos y académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ), Karina Ansolabehere, explicó que estudios del Observatorio de Desaparición de Personas revelan que los familiares de desaparecidos tienen que tocar 10 puertas antes de que alguien les tome su denuncia.

En su oportunidad, el coordinador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED) de la UNAM, Rolando Cordera Campos, comentó que los 30 mil desaparecidos son un memorial del horror del país, y junto a ello existen otros miles de “invisibles” que viven en la pobreza y no ejercen sus derechos económicos, sociales y culturales.

Para acabar con ello, se requiere encarar dos aspectos: al Estado débil y la injusticia social.

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