Las desapariciones en México pone en evidencia el histórico fracaso institucional

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La falta de interés y coordinación entre autoridades federales y locales para resolver el problema de las desapariciones en México pone en evidencia el histórico fracaso institucional para articular una política coherente, sostenible y evaluable en materia de desapariciones forzadas

La respuesta tardía de los funcionarios públicos en casos emblemáticos como el de Ayotzinapa y Allende refleja claramente que resolver el problema de las desapariciones no constituye una prioridad para los gobiernos. 

El director general del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), Francisco Rivas, señaló que las autoridades no han logrado diseñar políticas públicas específicas que contribuyan a identificar los factores de riesgo de las desapariciones en las localidades, buenas prácticas de búsqueda e investigación, perfiles comunes de hechos ligados a desapariciones que permitan idear soluciones pertinentes en sintonía con el funcionamiento del sistema de justicia penal.

 

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Desde la perspectiva histórica, explicó, se observa que las autoridades mexicanas no han sido capaces de entender que la solución al problema de las desapariciones forzadas e involuntarias no puede incluir únicamente al mismo gobierno, requiere, dijo, la participación directa de los familiares en la definición de prioridades, la redacción de leyes, el diseño de acciones y políticas, así como en la evaluación de estas.

“Su participación debe superar los ejercicios de observación y pasar a la toma de decisiones de manera informada. Si las autoridades optan por imitar estrategias de simulación emprendidas en los casos de desapariciones de la Guerra Sucia, el fracaso continuará a costa de miles de víctimas directas e indirectas”, advirtió.

Estamos convencidos, dijo, que esta es la modificación legal más significativa que se ha elaborado en materia de desapariciones y que tiene el potencial de lograr mejores resultados que las acciones y políticas previamente realizadas.

Por ello, el ONC considera necesaria la creación de un mecanismo de monitoreo y seguimiento de su implementación en el que estén involucrados familiares de personas desaparecidas y miembros de la sociedad civil para que exista una efectiva rendición de cuentas y para que lo dispuesto en la ley se transforme en acciones puntuales con resultados tangibles.

Implementar la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, consideró, debe ser un asunto prioritario para las autoridades en turno y para las que serán electas el próximo 1 de julio.

¿Al presentar el fascículo titulado Marco legal, políticas públicas y líneas de acción en materia de desapariciones forzadas e involuntarias, el director general del ONC advirtió que el arreglo institucional que permea hasta el momento es el resultado de coyunturas críticas y de la separación de atribuciones en función del tipo de fuero al que pertenece cada caso judicializado.

Este arreglo, indicó, no fomenta ningún grado de coordinación y tiene como consecuencias atrasos en la investigación y búsqueda de personas, diseminación de la información y pérdida de credibilidad.

El segundo fascículo de la serie ¿Cómo entender las desapariciones forzadas e involuntarias? Perspectivas de política pública del ONC, permite establecer cuál es el estatus de las líneas de la normativa y las líneas de acción que desde la administración de Felipe Calderón se llevaron a cabo, sin embargo, deja claro que es evidente que no ha existido una política pública sostenible ni evaluable en la materia.

Luego de la entrada en vigor de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, y del nombramiento de Roberto Cabrera Alfaro, como titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, la relevancia de este documento se explica porque dicha ley es un parteaguas debido a que cubre áreas estratégicas desde la perspectiva de política pública.

Francisco Rivas reconoció que esta ley es muy ambiciosa por lo que habrá retos prácticos y operativos a superar en el ámbito federal y estatal una vez que inicie su implementación.

Uno de los principales desafíos, explicó, radica en la Comisión Nacional de Búsqueda, puesto que la cantidad y diversidad de las atribuciones o facultades legales no corresponde con la estructura organizacional mínima propuesta. Esto, dijo, habrá que tenerlo muy presente en la elaboración de su respectivo reglamento, así como en el presupuesto que se le asigne dado que las acciones que se le demandarán podrían ser muy costosas.

El segundo reto que superar añadió, es la disponibilidad de recursos humanos altamente capacitados en tareas de búsqueda, investigación, registro, atención a víctimas y servicios forenses. En la medida que no haya suficientes especialistas competentes, la carga de trabajo será un cuello de botella que no permitirá la consecución expedita de resultados.

 

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