Necesario reforzar la reforma integral a la Ley de Asociaciones Público-Privadas

  • Necesario reforzar la reforma integral a la Ley de Asociaciones Público-Privadas

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A fin de transparentar los procesos de licitación y contratación, reforzar los controles institucionales y rendición de cuentas, así como la posición del Estado y del sector público durante las diferentes fases de ejecución de las inversiones, la diputada Araceli Damián González (Morena) impulsa una reforma integral a la Ley de Asociaciones Público-Privadas.

Propuso reformar, adicionar y derogar 47 preceptos de ese marco jurídico que permitan identificar áreas de riesgo e implementar mecanismos para reducirlos; el propósito, promover un uso racional y mesurado de proyectos de las Asociaciones Público-Privadas (APP), para velar por una aplicación adecuada de recursos públicos, garantizar la sostenibilidad y el equilibrio presupuestario a largo plazo.

Asimismo, fortalecer la posición financiera y jurídica del sector público en el desarrollo de las obras de APP,  porque la experiencia ha mostrado un claro patrón de desequilibrio en favor de los particulares. Mejorar, también, el marco regulatorio de la actuación de concesionarios y desarrolladores de los proyectos, que garantice un desempeño apegado a derecho y asegure beneficios concretos a la sociedad mexicana.

 

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La presidenta de la Comisión de Seguridad Social argumentó que la propuesta turnada a la Comisión de Economía para dictamen, pretende evitar que a consecuencia de la inadecuada regulación de estos proyectos se apliquen recursos públicos de manera innecesaria, ineficiente o insostenible.

Estas reformas, aclaró, no pretenden cancelar la necesaria participación del sector privado en determinadas obras de interés público; al contrario, transparentarán su actuación, mejorarán los resultados sociales del esquema y garantizarán la sostenibilidad a largo plazo, ya que en México se han revelado varios casos en los cuales las APP han generado problemas debido a opacidades, ineficiencias y derroches del presupuesto.

Por el interés social que implican estas obras, explicó, es fundamental desarrollar mecanismos continuos de supervisión y vigilancia, mediante la modificación y refuerzo del marco jurídico.

Destacó la necesaria participación de la Cámara de Diputados para crear un Comité Técnico especializado en proyectos de APP, encargado de evaluarlos y autorizarlos; vigilar y supervisar el cumplimiento de la ley y del contrato en todas las fases de ejecución, ya que tendrá atribuciones para auditar y fiscalizar el desarrollo, a través de un programa anual de auditorías que, como mínimo, evalúe el desempeño del veinte por ciento de las obras.

Asimismo, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y rendición de cuentas; elabore un registro único de APP,  que será público y deberá ser actualizado trimestralmente, indicando tanto los nuevos proyectos a iniciar como el avance de los ya puestos en marcha.

Resolver las controversias que surjan entre las partes involucradas, cuando se establezca en el contrato o en las bases de la convocatoria e implementar sanciones administrativas pertinentes en caso de incumplimientos contractuales o legales, otro objetivo.

La legisladora por la CDMX señaló la necesidad de que los proyectos de APP tengan una vigencia máxima de 20 años, con posibilidad de renovación hasta por 10 años, y que la erogación más alta prevista por el gobierno federal sea del uno por ciento del Presupuesto de Egresos aprobado.

Resaltó que “en ningún caso podrá implementarse el esquema de APP en los servicios públicos fundamentales que afecten la satisfacción de derechos humanos garantizados en la Constitución y los tratados internacionales, como la sanidad, educación, seguridad y asistencia social. Fuerzas Armadas y cuerpos policiales, así como explotación o gestión de recursos naturales de la nación”.

Además, dotar de facultades específicas a la Secretaría de la Función Pública para sancionar a empresas que incumplan los contratos firmados.

Durante la implementación, añadió, los proyectos deberán cumplir sin excepción las condiciones contractuales y lo establecido en la ley. “Una de las deficiencias identificadas en la práctica, estriba en que, de manera sistemática, los contratos de APP son incumplidos; se incurre en sobrecostos, extensión de los plazos, entrega irregular de los productos contratados y en otras modificaciones que afectan su correcto desarrollo”.

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