Insisten a la SCJN ir en contra de la Ley de Seguridad Interior

  • Insisten a la SCJN ir en contra de la Ley de Seguridad Interior

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Como “regalo de Reyes”, los integrantes de la organización ciudadana “Somos Más”, perteneciente al Partido de la Revolución Democrática, PRD, espera que en este 2018 los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, resuelvan a su favor la controversia constitucional que interpusieron contra la aprobación y aplicación de la Ley de Seguridad Interior.

Emilio Serrano Jiménez, secretario general de la organización con sede en Ecatepec, Estado de México, explicó que dicha Ley no respeta la Constitución, amenaza los derechos humanos y no soluciona los problemas de inseguridad en el país.

Añadió que “lamentamos como organización ciudadana que el jefe de Ejecutivo se haya rehusado a vetar la Ley de Seguridad Interior y delegara en la SCJN la resolución de controversias sobre su contenido”.

 

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Subrayó que la Ley de Seguridad Interior, viola a todas luces seis artículos de la Constitución Política, pero además intenta tapar la irresponsabilidad e ineficiencia del ejecutivo federal, estatal y local en este rubro, recayendo ahora esa responsabilidad en el Ejército.

Recalcó el líder político que esta nueva Ley es una evidencia y muestra de que las autoridades federales, estatales y municipales, que no han sido capaces de brindarle a los cuerpos policiacos una buena capacitación ni remuneraciones honrosas.

Comentó que por eso se dieron como alternativa sacar al Ejército de sus cuarteles para patrullar  y cuidar a la población. Una tarea para la que no han sido capacitados los militares.

Serrano Jiménez, hizo saber que la Cámara Alta, alcaldes y gobernadores que en un ejercicio de soberanía entiendan que esta Ley amenaza sus facultades por lo que deberían interponer controversia constitucionales, “pero como es muy cómodo quitarse de las manos la responsabilidad de la seguridad estuvieron de acuerdo en aprobarla”.

Concluyó haciendo un llamado a los ministros de la SCJN para que la resolución respecto a la controversia constitucional interpuesta sea favorable no a la organización política “sino a los habitantes de México”.

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