Electricidad podría ser considerada como un derecho humano

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En la sesión, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales la iniciativa ciudadana, presentada por integrantes de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica (ANUEE) y del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), que adiciona un párrafo al artículo 4 de la Constitución Política, para considerar a la electricidad como un derecho humano.

El documento precisa que la electricidad es indispensable para el funcionamiento de toda sociedad; constituye un soporte para garantizar el goce de otros derechos humanos consagrados en el artículo cuarto constitucional como el agua, salud, seguridad y educación.

“Ningún país puede garantizar su desarrollo y mucho menos mejorar la calidad de vida de sus habitantes, si no se proporciona como un derecho humano la electricidad, por lo que la Cámara de Diputados debe aprobar esta iniciativa y el gobierno garantizar su uso a partir del establecimiento en las leyes, las bases y modalidades del acceso a la misma, con un carácter social”, añade.

 

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En México, expone, no existen encuestas sobre el uso de energías de los hogares, como sí las hay en otros países del mundo. Los datos sobre consumo residencial son agregados a nivel nacional o estatal o no cuentan con la información sociodemográfica de los hogares.

Por ello,  resalta, el servicio eléctrico no puede considerarse sólo como una mercancía, sino como un derecho humano y social, que debe ser garantizado por el Estado y al cual deben tener acceso todas las personas.

De conformidad con la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, esta iniciativa ciudadana cumple con los requisitos establecidos en la ley, luego de abrirse las tres cajas que la contienen, para su verificación y cuantificación.

Por otra parte, se informó que los diputados del PAN, Cecilia Romero Castillo, Leticia Amparano Gamez y José Erandi Bermúdez Méndez; de Morena, Lucía Virginia Meza Guzmán, Norma Xóchitl Hernández Colín y Ana Leticia Carrera Hernández; del PRI, Alejandro Juraidini Villaseñor y Martha Lorena Covarrubias Anaya, así como Jonadab Martínez García (MC), solicitaron retirar diversas iniciativas que habían presentado.

Del Senado de la República se recibió acuerdo de la Mesa Directiva, para normar una Sesión Solemne en agradecimiento al apoyo y solidaridad de la comunidad internacional ante los sismos en México, del pasado mes de septiembre.

También remitió la modificación del calendario de sesiones para el Primer Período Ordinario del Tercer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos comunicó la designación de Eréndira Cruzvillegas Fuentes, como Cuarta Visitadora General de este organismo autónomo. Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos.

A su vez, la Secretaría de Gobernación (Segob) respondió a siete puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados, relativos al Convenio sobre la Protección a la Maternidad de la OIT; impresión de documentos oficiales y de seguridad por parte de Talleres Gráficos de México; conservación y preservación del jaguar; afectaciones en Chiapas y Oaxaca tras el terremoto del jueves 7 de septiembre; prevención del cáncer de mama; políticas de igualdad de género, y sobre innovaciones científicas.

La Segob también envió el informe estadístico sobre el comportamiento de la Inversión Extranjera Directa en México, durante el periodo enero-septiembre de 2017. Se canalizó a la Comisión de Economía.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) hizo llegar información relativa a la evolución de las finanzas públicas, incluidos los requerimientos financieros del sector público y el saldo histórico, los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del erario federal y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes a octubre de este año. Se remitió a la comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) notificó los avances más relevantes del Programa Nacional de Infraestructura 2013-2018 (PNI), incluyendo las acciones en materia de telecomunicaciones, donde se tiene un avance de 80 por ciento en su ejecución. Fue enviado a las comisiones de Comunicaciones y de Transportes.

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