Comisiones Unidas en contra del dictamen para reformar la Constitución

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Las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Puntos Constitucionales emitieron una votación de 29 votos en contra, 13 a favor y dos abstenciones, al dictamen de la minuta con proyecto de decreto que buscaba  reformar los artículos 21, 73, 76, 115, 116 y 123 de la Constitución Política en materia de Seguridad Pública, enviada por el Senado de la República.

El diputado Jorge Ramos Hernández (PAN), presidente de la Comisión de Seguridad Pública, refirió el antecedente de esta propuesta enviada por el titular del Ejecutivo federal en el 2014, en la que propuso una serie de reformas a diversos artículos de la Constitución Política.

Recordó que el Senado de la República, en sesión ordinaria, aprobó la propuesta por mayoría calificada, como lo establece la Carta Magna para efectos de la minuta.

 

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Ramos Hernández dijo que “si se votó en contra de la minuta del Mando Mixto, el Congreso Mexicano queda en ayuno, no queda viva ni una iniciativa que reforme el sistema de seguridad en el país”.

Subrayó que “en México muere una persona cada 16 minutos y es increíble que no tengamos claridad de poder generar un consenso”.

Señaló que las objeciones que se presentaron consideran el Mando Mixto como un modelo inestable para la seguridad del país, ya que “estar quitando y regresando la atribución de un municipio generaría un desorden”.

Sin embargo, aclaró que el propio dictamen establece que será en la ley secundaria donde se definirían los periodos prudentes para evaluar si una corporación policiaca está cumpliendo con las exigencias de la ley.

Resaltó que la minuta prevé incentivos y sanciones a los alcaldes y gobernadores, los cuales establecen la remoción del cargo en el caso de no cumplir con el mandato; además, propone controles parlamentarios que ahora no existen.

Enfatizó que no es una sobrecarga política. “Por favor, estamos hablando de 200 mil policías en el país, no es más compleja que la evaluación magisterial. La propia minuta le permite al gobierno federal celebrar convenios con los gobiernos estatales para hacer estas supervisiones”.

Consideró perverso responsabilizar a los ayuntamientos del país por el desorden que trae el crimen organizado. Lo es “porque la concepción de un ayuntamiento nace para ordenar la vida de corte municipal, organizar vecinos, proteger los valores de la comunidad y no para corretear a narcotraficantes”.

Añadió que esa todavía no es su función y que del 2015 a la fecha se les ha disminuido ocho mil millones de pesos en seguridad pública. “Pareciera toda una maquinación política para sabotear los municipios en los estados y luego imponer el centralismo que se plantea”.

Expuso que no hay ley perfecta, pero en la minuta hay cambios sustantivos que permitiría al pueblo obligar a las policías municipales a mejorarse, así como a los estados y al gobierno de la República, el cual “parece el gran ente que está cumpliendo con su función; sin embargo, se tiene dos mil Misterios Públicos y cuatro mil policías federales menos que el sexenio pasado, lo que tiene un efecto en materia de seguridad”.

Planteó: “¿Por qué dar toda la carga al orden municipal y estatal?, o no afirmaría aquí que todos los municipios y estados van a ser castos y honestos si el tema de la seguridad se centraliza, como tampoco lo sostendría a nivel municipal. Es por eso que planteamos que sea un Mando Mixto, para que donde se amerite centralizar se haga, y si funciona, se mantenga como esta”

Reformas preveían un Sistema Nacional de Carrera Policial

Al inicio de la reunión, el diputado Ramos Hernández señaló que en el dictamen se incorporaba el principio de subsidiariedad como rector de la coordinación en materia de Seguridad Pública, en el que se establece que el orden de gobierno mayor siempre deberá atender al orden de gobierno menor hasta que agote sus capacidades.

Asimismo, proponía un nuevo Sistema Nacional de Carrera Policial, tema fundamental para que en los tres órdenes de gobierno existiera una lógica de ascenso y descenso por mérito, y estímulos para los elementos policiacos, al generar corporaciones sólidas.

Garantizaría la permanencia de la evaluación, reconocimiento y certificación de habilidades de todas las áreas de Seguridad Pública, y s cuerpos policiacos de los tres órdenes de gobierno.

Además se establecería una homologación para construir capacidades a través de protocolos de actuación y operación, uso legítimo de la fuerza y equipamiento.

También se reconocería a nivel constitucional las zonas metropolitanas, los municipios conurbados y las alcaldías de la Ciudad de México.

Se precisaban los criterios de coordinación que actualmente no están establecidos en procedimientos puntuales. La función de Seguridad Pública y su finalidad en los términos del artículo 2 para pueblos y comunidades indígenas.

Preveía que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, contara con cinco ciudadanos electos conocedores de la materia que fungieran como órgano colegiado de gobierno del Secretariado, ante el cual presentar los planes de trabajo anuales y evaluaciones de programas ejecutados.

El artículo 76 constitucional, facultaba al Senado ratificar el nombramiento del titular del Secretariado Ejecutivo de dicho Sistema.

En el artículo 123 constitucional, se incluían prestaciones complementarias de seguridad social para los cuerpos policiacos del país. El precepto 73 facultaba al Congreso de la Unión para expedir la Ley General de Seguridad Pública reglamentaria del artículo 21 de la Constitución.

Proponía también una adición para garantizar la permanencia de la evaluación, reconocimiento y certificación de habilidades de todas las áreas de Seguridad Pública y de los cuerpos policiacos de los tres órdenes de gobierno.

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