¡Alerta! Funcionarios del IMSS de Sonora involucrados en venta de bebés

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    Foto: Internet

Fuente: 
Ansa Latina
19-12-2017

La oficina del Ombudsman confirmó 22 casos de venta de niños en estado de Sonora, norte de México, por parte de funcionarios a cargo de instituciones de protección infantil.

Las parejas interesadas, algunas de ellas de Estados Unidos, pagaron por cada uno de estos pequeños precios que oscilaron entre 80.000 y 120.000 pesos (entre 4.000 y 8.000 dólares), señaló la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Originalmente las denuncias revelaron que por algunos de los niños arrebatados a madres pobres o con adicciones se llegaron a pagar hasta 20.000 dólares.

La policía detuvo a 16 personas involucradas.

 

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Aunque el caso estalló hace dos años, el organismo autónomo del Estado se pronunció ahora en un informe en el cual señaló que hay cientos de menores cuyo paradero se desconoce.

Por ello, se presume que la cifra de niños "vendidos" como mercancías podría ser muy superior a la que ha sido constatada.

El escándalo involucra a funcionarios de la administración del exgobernador Guillermo Padrés, encarcelado el 11 de noviembre al cabo de una audiencia, acompañado de sus abogados y tras 42 días prófugo. Está acusado de defraudación fiscal, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

El mandatario no ha sido relacionado hasta ahora con el escándalo de la venta de niños, que originalmente estaba calculada en sólo una decena, según reconoció la Procuraduría General de Justicia del Estado, en agosto de 2015.

Estas operaciones de trata de personas habrían sido realizadas entre 2009 y 2015, según la investigación en curso.

Informes del gubernamental Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, que maneja centros de acogida para niños desamparados, señalan que hay 682 niños de paradero desconocido y que se supone habrían sido entregados en adopción por intermedio del organismo en Sonora, frontera con Estados Unidos.

En la indagación también aparecen involucrados funcionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social, concretamente del hospital General de la localidad de Empalme, Sonora, que habrían emitido cédulas de nacimiento con información falsa sobre las madres de 17 niños.

La CNDH llamó a la gobernadora Claudia Pavlovich a crear un grupo interdisciplinario que analice el caso en un plazo máximo de seis meses para determinar el destino de 13 niños "separados de su familia de origen", de otros tres sustraídos por sus padres biológicos y de 682 de los cuales no se sabe dónde se encuentran.

También recomendó reparar los daños ocasionados a los padres biológicos de los 22 niños desaparecidos, así como a todas las víctimas en aquellos casos "en los que se determine algún trámite indebido en la adopción".

Cinco niños de 1 a 3 años, que habían sido "vendidos" por la banda, fueron rescatados y puestos bajo resguardo por las autoridades.

La principal cabeza de la red, Alfredo Arzate, exsubdirector de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, se encuentra en libertad bajo palabra porque fue acusado de "corrupción" pero no de "trata de personas".

Arzate era encargado de la línea telefónica "Protege" de la misma institución, que servía a víctimas para pedir ayuda en caso de abusos contra niños.

A través de esa línea, se denunciaban casos de violencia intrafamiliar y los psicólogos decidían el futuro de los menores reportados, si regresaban con sus familiares o se canalizaban a centros de asistencia.

Las primeras investigaciones arrojaron que Arzate trabajaba en complicidad con un médico que expedía certificados apócrifos de nacimiento de los niños a nombre de los padres adoptivos, a quienes se les reconocía como progenitores biológicos.

Los acusados podrían enfrentar condenas hasta de 40 años por tráfico de infantes.
 

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