Acceso al agua no es una mercancía es un derecho: Diputado

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El presidente de la Comisión de Reforma Agraria, diputado Jesús Serrano Lora (Morena), sostuvo que la conservación de los mantos acuíferos debe ser una tarea que considere la participación activa de la población, además de buscar estrategias para aprovechar el líquido fluvial.

Durante el foro “Agua para todos, administrada por el pueblo”, el legislador enfatizó que el vital elemento no debe ser visto como una mercancía, ya que su acceso es un derecho humano establecido en la Constitución Política.

Explicó que México dispone del 0.1 por ciento del total de agua a nivel mundial, lo que determina que un porcentaje importante del territorio está catalogado como zona desértica y, por lo tanto, el recurso hídrico siempre será escaso.

 

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Añadió que con las recientes reformas, donde se permite la participación de grandes empresas en materia energética y con el actual plan para desarrollar económicamente a la región sur-sureste, se debe ser cuidadosos para no afectar los mantos acuíferos.

“Debemos cuidar que las industrias que establecen sus plantas en el país se comprometan a cuidar el ecosistema, ya que muchas de ellas contaminan los recursos hídricos”.

Detalló que en el 2015, con una población de 117 millones de habitantes, la disponibilidad media por habitante se calculaba en 4 mil 28 metros cúbicos por año, y estimó que para el 2030, con el crecimiento demográfico y el deterioro de los cuerpos de agua, descenderá a tres mil 400 metros cúbicos.

En tanto, expuso que el consumo per cápita en el 2016 osciló 280 litros al día, mientras que el ramo hidroeléctrico gasta 180 millones 895 mil metros cúbicos de agua por segundo.

Manifestó que las áreas que consumen más agua en México son la agropecuaria, con cerca del 77 por ciento; la industrial y la de generación de electricidad, 13 por ciento, y el uso doméstico, 10 por ciento.

Serrano Lora indicó que en el sector agropecuario y el ámbito doméstico se desperdicia más el agua; por ello, consideró necesario realizar estrategias que fomenten la participación activa de la población sobre el cuidado del líquido y aprovechar la captación del de origen pluvial.

“El 57 por ciento del agua que consume el sector agropecuario se pierde por evaporación y por una infraestructura ineficiente de riego”, enfatizó.

Mencionó que de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el consumo agrícola ocupa el primer lugar con un millón 853 mil 347 metros cúbicos por segundo (m³/seg); el uso público urbano, 394 mil 502 m³/seg; el industrial 201 mil 262 m³/seg, y el servicios doméstico, acuacultura, industria y comercio, 300 mil m³/seg.

Serrano Lora destacó lo indispensable de llevar a cabo este tipo de foros, a fin de escuchar y tomar en cuenta todas las expresiones e ideas, compartir prácticas y llevar el aprendizaje a las comunidades,  para acercarse a la gente en defensa del agua.

Paulino Solano Pineda, integrante de la Asociación de Ciudadano del Sistema de Agua Potable de Coyotepec A.C., afirmó se necesitarán 40 mil millones de pesos para asegurar el suministro de agua de la población del Valle de México en la próxima década.

Señaló que el gobierno favorece proyectos contaminantes de este vital líquido. De los 657 acuíferos que hay en el país, 104 son sobreexplotados y contaminados; 40 presentan degradación y 33 intrusión salina. “No se tiene un control. Hay sentencias judiciales incumplidas”.

La administración de los recursos naturales, dijo, tiene que incorporar a la ciudadanía, pues en los lugares donde los organismos operadores del agua tienen el control, es más cara el agua a diferencia de las regiones en la que población tiene injerencia. Además, sugirió aprovechar el agua de lluvia pues actualmente se usa sólo el 10 por ciento y el resto se manda al drenaje. 

Alertó lo perverso de aprobar una nueva Ley de Aguas que no contemple a la ciudadanía; así lo establecen los tratados internacionales suscritos por el país y porque este líquido esta acaparado por las empresas transnacionales. Por ello, pugnó por elaborar un documento que considere el desarrollo urbano, la investigación, formación y transparencia con todas las aristas económicas, sociales y sustentables.

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