El gobierno cubano tiene poco compromiso con los Derechos Humanos

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    Foto: Cortesía | MNE

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos reprochó en Ginebra durante la pre-sesión al Exámen Periódico Universal el poco compromiso del gobierno cubano con los derechos humanos.

Para la organización, con sede en Madrid, la actuación del gobierno cubano ha sido la de ignorar la mayoría de las recomendaciones que le hicieron otros estados en el EPU anterior (2013).

El OCDH estuvo representada en la reunión por su director ejecutivo, el exprisionero político Alejandro González Raga, quien recordó que Cuba no ha ratificado los pactos de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ni ha modificado las normas que, en los diferentes ámbitos, le permiten al gobierno discriminar por motivos ideológicos y partidistas. Igualmente, señaló que las medidas económicas implementadas por Raúl Castro han sido insuficientes e inadecuadas.

 

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Para González Raga “a pesar del contexto amable que genera el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Estados Unidos, la derogación de la Posición Común, el acuerdo de cooperación con la Unión Europea, y el beneplácito Vaticano, el gobierno cubano no ha mostrado una real voluntad de cambio”.

En el plano de las recomendaciones, el portavoz del OCDH recordó la necesidad de que el gobierno cubano elimine de la Constitución y del marco legal los artículos que limitan “el ejercicio de los Derechos Humanos” y la peligrosidad social pre delictiva, los delitos políticos y la aplicación política de delitos comunes. También recomendó que establezca la independencia de poderes, especialmente del Poder Judicial, y la creación de una sala de Garantías Constitucionales en el Tribunal Supremo.

En el plano económico se pidió a los estados que soliciten al gobierno cubano iniciar reformas que garanticen a todos los cubanos los derechos a la propiedad individual y su participación en la actividad económica del país, y a que establezca normas laborales que permitan a los trabajadores negociar directa y libremente sus condiciones laborales con el empleador, sin la injerencia del gobierno.

Más de una decena de estados (Alemania, República Checa, Reino Unido, Dinamarca, Finlandia, Estados Unidos, Suecia, Irlanda, Eslovaquia, Croacia, México...) manifestaron su preocupación por la situación de los derechos humanos en Cuba y condenaron que el gobierno de la Isla haya impedido a varios activistas viajar para participar en la presession, cómo fue el caso del Comité Ciudadanos por la Integración Racial y la Asociación cubana para desarrollo de la educación infantil.

Además del OCDH, la sociedad civil independiente contó con el mensaje de  Proyecto Archivo Cuba y la asistencia de representantes de la las Damas de Blanco, Fundación Cubana para los Derechos Humanos, la Plataforma Femenina y la Red Manos (LGBTI). La representación del gobierno cubano en Ginebra no acudió a la pre session, cuestión que también fue lamentada por varios países.

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos y la Fundación para los Derechos Humanos para Cuba presentaron una denuncia internacional  contra el gobierno cubano por la confiscación salarial de trabajadores cubanos que laboran en empresas de capital parcial o totalmente extranjero en Cuba, y de los trabajadores especialistas que laboran en el extranjero en virtud de convenios bilaterales suscritos con el gobierno cubano.

El documento, presentado ante la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, expresa que en el sector formado por las empresas mixtas de capital extranjero y cubano y empresas de capital totalmente extranjero, los trabajadores solamente pueden ser contratados por intermediación de una “entidad empleadora” perteneciente al estado cubano, la cual les confisca mensualmente entre el 80% y el 96 % de su salario”.

El texto también denuncia la confiscación de un alto porcentaje del salario, entre el 67% y el 80%, a los especialistas que colaboran en el extranjero mediante convenios entre el gobierno cubano y otros gobiernos.

Las organizaciones piden al Alto Comisionado que inste al gobierno cubano: a poner fin a esa práctica que contraviene la Convención 95 de la Organización Internacional del Trabajo de la cual Cuba hace parte, a que devuelva a lo trabajadores con carácter retroactivo la cantidad confiscada, y a que permita la libre contratación laboral y el ejercicio independiente de las profesiones liberales.

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