53 mexicanos están en espera de su ejecución en EU

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Notimex
20-12-2018

El número de mexicanos sentenciados a pena de muerte en Estados Unidos se ha mantenido entre 50 y 55 en las últimas dos décadas, pese a los reos que han sido ejecutados y a quienes se le conmutó su condena.

En la actualidad, 53 mexicanos están en espera de su ejecución en los denominados pabellones de la muerte de las cárceles estadunidenses, de acuerdo con datos actualizados de Mark Warren, investigador del grupo Human Rights, que da seguimiento a los extranjeros bajo pena de muerte en este país.

En el grupo de connacionales con castigo capital se encuentra sólo una mujer, Dora Luz Gudiño Zamudio, sentenciada a muerte en California, por el homicidio de sus tres hijos en 1994.

 

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El número de sentenciados, es casi similar a los 54 que se tenían en diciembre de 2004, el mismo año en el que 51 de ellos fueron amparados por el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la Haya, en lo que se conoce como Caso Avena.

La CIJ, la máxima instancia judicial de Naciones Unidas, ordenó a Estados Unidos revisar los casos de esos mexicanos debido a que en sus detenciones y juicios se les violó sus garantias al no ser informados de su derecho como ciudadanos extranjeros a recibir la asistencia consular de su país.

Sin embargo, en 2008, la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos determinó que Texas no está obligado a acatar el dictamen de un tribunal internacional, al no existir una ley interna federal que la obligue a ello.

Empero, el dictamen del máximo tribunal de Estados Unidos no impide que las entidades con mexicanos sentenciados al castigo capital puedan revisar sus casos en forma voluntaria, lo que ha servido para conmutar las sentencias contra mexicanos en Oklahoma, Arkansas y Nevada.

Otros connacionales como Jorge Galindo Espriella, en Nebraska, y Gabriel Solache Romero, en Illinois, les fue conmutada su sentencia, luego que esas entidades abolieron la pena de muerte en 2011 y 2015, de manera respectiva.

Solache Romero estaría a punto de recuperar su libertad después que fueron anulados los cargos por homicidio en 2017, y en la actualidad permanece en un centro de detención migratoria combatiendo su posible deportación.

Sólo dos mexicanos han logrado ser exonerados y recuperar su libertad tras haber sido sentenciados a la pena de muerte. Ricardo Aldape Guerra, en Texas en 1997, y Mario Flores, en Illinois, en 2003.

Un total de 12 mexicanos han sido ejecutados en Estados Unidos, desde que en este país se reactivó la aplicación de la pena de muerte en 1976. Seis de esas ejecuciones se han efectuado en violación al dictamen de la CIJ.

La primera ejecución fue la de Ramón Montoya Facundo ocurrida en Texas el 25 de marzo de 1993. La más reciente fue la de Roberto Moreno Ramos, realizada también en Texas el 14 de noviembre de 2018.

De los 12 mexicanos a los que se les ha aplicado la pena máxima, 11 fueron ejecutados en Texas, y sólo  Benjamín Mario Murphy, recibió la inyección letal en Virginia, en noviembre de 2000.

La mayor parte de las ejecuciones de mexicanos en este país han causado controversia e irritado en cierto grado las relaciones México-Estados Unidos, al plasmar las diferentes visiones sobre el castigo capital en una y otra nación.

México ha buscado siempre evitar las ejecuciones de sus connacionales, apelando ante las instancias judiciales, e incluso a la compasión de los gobernantes estadunidenses.

En algunos casos, sus acciones han logrado tener éxito con la conmutación de las penas o la posposición de aplicación de la sentencia. En otros, pese a los esfuerzos, no se logró evitar los ajusticiamientos.

La primera ejecución, la de Ramón Montoya Facundo registrada el 25 de marzo de 1993, por el homicidio de un policía en Dallas , indignó a una buena parte de la sociedad mexicana y levantó una nueva barrera en las relaciones de los dos países.

El entonces presidente mexicano Carlos Salinas de Gortari criticó a Estados Unidos al señalar que "en México estamos a favor de la vida. En México estamos contra la aplicación de la pena de muerte porque consideramos la rehabilitación como la cosa más importante".

En 1996, Texas llevó a cabo la segunda ejecución de un connacional, al aplicar la pena de muerte a Irineo Tristán Montoya, el 18 de junio de 1996. La ejecución despertó igual indignación y causó protestas aisladas en el vecino país.

Tan sólo meses después, el 17 de septiembre de 1996, fue ejecutado en Virginia, el mexicano Benjamín Mario Murphy. Luego, el 9 de noviembre de 2000 en Texas fue ejecutado Miguel Ángel Flores.

Las ejecuciones de Murphy y Flores fueron causa también de protestas formales por parte de México, aunque no provocaron mayor controversia.

Sin embargo, la quinta ejecución, la de Javier Suárez Medina, efectuada en Texas el 14 de agosto de 2002, provocó un revuelo mayor, luego que el entonces presidente mexicano Vicente Fox, suspendió una visita a esta entidad en señal de reproche.

Ángel Maturíno Resendíz, el multihomicida conocido en Estados Unidos como el "asesino de las vías", pasó a ser el sexto mexicano ejecutado en Estados Unidos al recibir la inyección letal en Texas, el 27 de junio de 2006.

En este caso, la aplicación de la sentencia pasó casi desapercibida en México. Las autoridades mexicanas hicieron esfuerzos por salvar la vida de su connacional, pero este optó por hacer a un lado las apelaciones y someterse al castigo.

Luego, Texas desafió el fallo de la CIJ, y ejecutó en mayo de 2008 a José Ernesto Medellín, originario de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

En julio de 2011, Texas volvió a cometer una “violación irreparable” del fallo de la CIJ al ejecutar a Humberto Leal, originario de Monterrey, en el estado mexicano de Nuevo León.

Las autoridades de Texas volvieron a incurrir en un nuevo desacato a la justicia internacional al realizar la ejecución del morelense Edgar Tamayo Arias, el 22 de enero de 2014.

Meses después, la historia se repitió al llevarse a cabo la ejecución de Ramiro Hernández Llanas, el 9 de abril de 2014, por el homicidio de un ranchero y profesor universitario en 1997.

Desde entonces, Texas ha ejecutado a otros dos mexicanos más: Rubén Ramírez Cárdenas, el 8 de noviembre de 2017, y Roberto Moreno Ramos, el 14 de noviembre de 2018.

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