Piden a PGR informe de acciones penales contra tomas clandestinas

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La diputada federal Guadalupe Hernández Correa, integrante de la Comisión de Energía, propuso solicitar a la titular de la Procuraduría General de la República (PGR) un informe detallado y público sobre el seguimiento de las acciones penales realizadas para acabar con la toma clandestina de hidrocarburos.

Detalló que, de acuerdo con Petróleos Mexicanos (Pemex), durante el primer trimestre de 2016, el número de tomas clandestinas en la red de ductos aumentó 12.3 por ciento respecto al mismo periodo de 2015, al pasar de mil 211 a mil 360.

Aseguró que estos ilícitos se han incrementado en los últimos años. Mientras que para 2010 la cifra total fue de 428 tomas clandestinas, en  2011 se elevó a mil 25; en 2012, a mil 289; para 2013 fueron 2 mil 133; en 2014 sumaron 3 mil 635, y en el 2015 se elevaron hasta 5 mil 574.

 

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Hernández Correa precisó que, por lo tanto, el robo de hidrocarburos en términos de valor se ha incrementado, ya que pasó de 4 mil 300 millones de pesos (mdp) en 2011 a 6 mil mdp en 2012; a 9 mil 320 mdp en 2013; alrededor de 20 mil 645 mdp en 2014 y un estimado de 17 mil millones de pesos en 2015.

A estas pérdidas, puntualizó, se debe sumar lo que ha invertido la paraestatal en la reparación de infraestructura afectada cotidianamente por el crimen organizado.

Relató que, en 2014, la PGR ubicó por lo menos a 45 células de los cárteles de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Zetas, Golfo, Tijuana, Beltrán Leyva, Juárez y de Los Caballeros Templarios que, en paralelo a sus actividades delincuenciales de tráfico de drogas, incursionaron en el mercado del robo de combustibles.

Dichas bandas operan en los estados petroleros de Tabasco, Veracruz y Tamaulipas, además de Chiapas, Guanajuato, Coahuila, Sinaloa, Nuevo León, Puebla, Jalisco, Estado de México y la Ciudad de México.

La diputada Guadalupe Hernández resaltó que, en una proporción similar, se han incrementado las averiguaciones previas de la PGR por sustracción ilegal de combustibles, al pasar de 241 casos en 2007 a 3 mil 313 en 2014, lo que representa un disparo de la incidencia criminal de este delito superior al  mil 200 por ciento.

En el período comprendido del primero de enero de 2006 al 26 de diciembre de 2012, Pemex presentó 6 mil 138 denuncias por delitos relacionados con el mercado ilícito de combustibles, de las cuales 4 mil 287 fueron por tomas clandestinas.

Hasta febrero de 2013, mil 624 se encontraban en etapa de integración de averiguación previa, 135 en procesos abiertos y 69 en procesos concluidos, lo que revela que tan sólo el 1.6 por ciento de las denuncias presentadas ha culminado, subrayó.

Mencionó que la falta de efectividad de las instituciones de seguridad y procuración de justicia, contribuye a que el delito siga al alza en el país. “Estos elevados niveles de impunidad han alentado, además, el crecimiento de la corrupción al interior de Pemex”, aseguró.

De acuerdo con datos oficiales de la empresa, señaló la legisladora, de 2006 a 2014, Pemex ha interpuesto 141 denuncias ministeriales en contra de empleados y ex empleados de la empresa por la presunta comisión de delitos relacionados con el robo de combustibles, señaló.

Por ello, afirmó en la proposición que presentó en la Comisión Permanente, “es urgente conocer el grado de efectividad en la procuración de justicia que brinda la Ley para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, publicada en el Diario Oficial el 12 enero de 2016”, en cuanto al seguimiento de las acciones penales para acabar con la toma clandestina de hidrocarburos.

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